Pocas veces se vio en el Congreso tanta velocidad para aprobar una norma como la que ayer aplicó el kirchnerismo en el Senado para convertir en ley el polémico proyecto que elimina los tickets alimentarios. No fue esta vez el miedo al escándalo por denuncias de sobornos, como sucedió en Diputados, sino la orden de Cristina de Kirchner lo que precipitó la votación. Hace una semana, el gobierno no estaba seguro sobre qué hacer con ese proyecto que le impuso el moyanismo y que hasta el famoso episodio de "bicicleta, pick-up o Mercedes-Benz" permaneció congelado en Diputados. Hubo entonces señales al Senado de demorar la sanción para no enemistarse con los empresarios, que verán subir aún más sus costos laborales con el pago obligatorio de aportes por la eliminación de los tickets. Pero ayer Cristina de Kirchner citó a Carlos Tomada a Olivos y le ordenó apurar la votación. El ministro fue al Congreso, dejó las instrucciones, y por la tarde el proyecto ya era ley.
El nuevo Senado de Cristina de Kirchner, presidido ayer por primera vez por el radical Julio Cobos, debutó
aprobando la
prórroga de la
emergencia
económica. La
mendocina Marita
Perceval olfateó al
recién llegado
Daniel Filmus y el
senador de la
UCR, Ernesto
Sanz, conversó
con el vicepresidente.
El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que elimina el sistema de vales alimentarios que entregan las empresas a sus trabajadores al establecer que éstos pasarán a ser remunerativos en una escala gradual durante los próximos 20 meses. El proyecto fue aprobado casi sin debate y sobre tablas, aunque la semana pasada no estaba previsto que se apurara su votación. Pero ayer por la mañana todo el proceso se aceleró: Cristina de Kirchner citó a Carlos Tomada a la residencia de Olivos para instruirlo sobre la posición oficial con la ley. Una hora después el ministro compareció ante la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado, junto a Noemí Rial y Alberto Abad, para ratificar el apoyo a esa norma que impulsó el moyanista Héctor Recalde en Diputados y por la tarde ya se había convertido en ley. Después del escándalo del supuesto intento de soborno al hijo de Recalde, Mariano, por parte de dos representantesde la Cámara que nuclea a las empresas de tickets para congelar la norma o modificarla, la Cámara de Diputados aceleró la votación de esa ley que obliga a las empresas y trabajadores a pagar aportes sobre los vales alimentarios.
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Pero en el Senado surgieron dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno sobre esa iniciativa del moyanismo. Por eso los senadores de todos los partidos, incluido el kirchnerismo, pidieron que Carlos Tomada concurriera a la Comisión de Legislación del Trabajo a fijar la posición oficial -de hecho fue una propuesta de los senadores kirchneristas Fabián Ríos y Silvia Gallego-. Se fijó entonces una reunión para ayer al mediodía.
Por la mañana Cristina de Kirchner le ordenó a Tomada en Olivos que comunicara su decisión de avanzar con la derogación de los vales sin modificar lo votado en Diputados. Es decir, que no se demorara más la sanción.
Tomada concurrió entonces a la Comisión de Trabajo y Previsión y sentenció: «Tal como me lo comunicó hoy la Presidente, el gobierno nacional opina que el proyecto debe continuar con su tratamiento sin modificaciones». Quedaron así enterradas todas las ideas que circularon en el Congreso sobre la vocación del gobierno de no agredir a las empresas y esperar hasta el año próximo para avanzar con la votación.
«Esto es la continuación de la política del gobierno nacional en materia de redistribución del ingreso y de combate al trabajo en negro», dijo el ministro en la Comisión. Sólo el radical Ernesto Sanz le contestó: «¿Me podría explicar entonces por qué hace días firmaron una resolución habilitando la suba del monto que puede entregarse por vales para comidas?».
Tomada lo refutó alegando que no eran temas incompatiblesy siguió explicando que «por la magnitud del monto de tickets que circulan este sistema es casi una cuasi moneda, es un elemento extraño al funcionamiento de la economía y una distorsión». Algo que no sostendrán con seguridad los empresarios que ahora, a las nuevas negociaciones paritarias deberán sumar la suba de costos por los aportes que se deberán pagar sobre el valor de los tickets.
Recalde también estuvo presente como invitado especial en la reunión de comisión en el Senado: «A partir de 2003 se abrió una nueva era, y ahora se abre una segunda etapa de esa misma era», dijo festejando.
A su vez, el titular de la AFIP explicó que con la ley el sistema de previsión social pasará de recaudar $ 1.313 millones más, llevando el total a $ 1.705 millones, todos recursos que se destinarán a la seguridad social.
Abad recordó también que el negocio de los vales de comida «mueve alrededor de $ 4.000 millones de pesos por año» y que en la actualidad el gobierno sólo recauda 14% de los denominados «tickets canasta», y nada sobre los «restorán».
La nueva ley establece que los tickets alimentarios adquieren carácter remuneratorio «de manera escalonada y progresiva a razón de 10% de su valor pecuniario por cada bimestre calendario», por lo que en 20 meses estarán totalmente incorporados al salario.
