La secretaria de Energía, Débora Giorgi, reiteró ayer la posición del Poder Ejecutivo en cuanto a que todo lo referido a la comercialización de combustibles debe ser excluido de la futura ley de hidrocarburos y mantenerse bajo la órbita de la Ley de Defensa de la Competencia.
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Giorgi salió así al cruce de la posición asumida la semana pasada por la Cámara de Senadores al dar media sanción a una ley que rechaza y anula el decreto de necesidad y urgencia 1060 por el que se limita el plazo de contrato entre las petroleras y las estaciones de servicio y se permite a las primeras tener hasta 40% de surtidores propios.
Este último punto es el que suscitó el rechazo de senadores justicialistas y algunos oficialistas, según los cuales debe prohibirse o ponerse un límite mucho más bajo a la participación de las petroleras en el mercado minorista.
Aun con la existencia de este antecedente, Giorgi opinó que el proyecto de ley que el Ejecutivo puso en consideración de la Comisión de Combustibles de Senadores, las provincias productoras y las empresas del sector cuenta «con un alto consenso».
Autoridad concedente
Después de ratificar que «todo lo referido a normas sobre operación en distribución y comercialización puede ser perfectamente realizado por Defensa de la Competencia», Giorgi indicó que el proyecto oficial reconoce a las provincias productoras la autoridad concedente y establece un régimen de regalías flexible que va de 3 a 12%, para que pueda adecuarse a las características de cada yacimiento. Aunque actualmente las regalías son de 12%, se considera que un pozo en declinación debería pagar menos.
