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Las autoridades argentinas consideran que dicha medida cautelar, emitida a favor de diez personas físicas italianas respecto de sus reclamos de pago de aproximadamente 1,4 millón de euros de acuerdo con los bonos argentinos que los mismos alegan poseer, ha sido concedida de manera incorrecta.
«El gobierno argentino cree que una disputa judicial no favorece los intereses a largo plazo de la República ni de los acreedores», agrega el documento.
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