La principal amenaza a la buena performance de la economía pasó a ser el constante aumento del gasto público. Por el auge de subsidiar a sectores que presionan (al que se suman los aumentos a jubilados y estatales), el gobierno ya comprometió $ 5.600 millones más de lo previsto. Ayer se conoció que hasta trabajadores del cuero están ahora reclamando $ 1.000 mensuales por las cesantías. Esto sucede como si no se conociera que cada crisis de la historia económica argentina estuvo siempre ligada a problemas fiscales. Aún se está a tiempo de corregir el rumbo. Pero es difícil imaginar que ello suceda cuando todavía no comenzó a pleno la campaña por las elecciones presidenciales. El superávit será este año de 3,2% del PBI, pero viene de 4,5%. En definitiva, la política oficial del dólar alto juega su rol en cuanto sucede: hay salarios bajos y presión, y reclamos de actualizaciones de todo tipo. Aún no se dieron a conocer los datos del gasto en mayo, pero trascendió que no mostrarán cambios significativos en la política oficial.
Distintas decisiones del gobierno en los últimos meses tendrán un costo fiscal no inferior a los $ 5.600 millones.
Los cambios en la política fiscal del gobierno definidos hasta ahora tendrán un costo de por lo menos $ 5.657 millones durante 2006. Así se desprende de un estudio efectuado por la consultora Dagnino Pastore y Asociados (DPA), en el cual se advierte que estas modificaciones provocarán que el superávit fiscal sea inferior al del año pasado.
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«El pronóstico de suba de gasto primario para el año -agrega el estudio- se ubica en el orden de 22%, superior al estimado para la evolución de los ingresos», que aumentarían en alrededor de 18%.
El principal rubro que impacta en el gasto es el aumento de jubilaciones y pensiones, que llega a $ 2.000 millones entre junio y diciembre. Ya el año próximo la incidencia superará los $ 3.500 millones. La suba de salarios en el sector público agrega $ 729 millones. Asimismo, la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias tendrá un costo fiscal de $ 1.500 millones (ver gráfico).
Otro de los componentes que afecta a las cuentas públicas son los mayores subsidios al transporte de carga y a la incidencia de la importación de combustibles (unos $ 370 millones) y la reasignación presupuestaria hacia nueva obra pública, por unos $ 1.050 millones adicionales.
Explicación
Horacio Costa, economistade DPA, aseguró que «la política fiscal es claramente expansiva y explica en parte por qué tenemos una inflación promedio de 1% mensual».
«No creo -aseguró- que la suba de precios tenga su explicación en el reacomodamiento tras la devaluación de hace cuatro años.»
DPA calculó que el superávit fiscal de la Nación caerá desde 3,7% respecto del PBI del año pasado a 2,9% este año. Y el de las provincias disminuirá prácticamente a la mitad, de 0,9% a 0,48%. Por lo tanto, el ahorro a nivel global (Nación más provincias) pasaría de 4,6% a 3,4% del PBI. «Esta reducción será inevitable si el gobierno no actúa rápido para cambiar la tendencia que tuvimos en los últimos meses», explicó Costa.
Predicción
El ministro de Economía de Buenos Aires, Gerardo Otero, admitió ayer: «Si seguimos en este camino, las provincias no sólo veremos reducido el superávit fiscal que logramos en el pasado, sino que se entrará en una etapa de déficit». Hacía alusión al reparto «desigual» de impuestos entre la Nación (que se queda con 70% del total) y las provincias. Pero al mismo tiempo aclaró que el gobierno bonaerense «no tendrá problemas» para hacer frente al pago de salarios y aguinaldo a fin de año.
Un aspecto que juega a favor del gobierno nacional, en medio de esta fuerte suba del gasto, es que las necesidades de financiamiento son «poco exigentes para el corto y mediano plazo». «Para cerrar la diferencia de financiamiento -aseguran en la consultorar- estaría colocar u$s 793 millones de BONAR V, donde podría seguir participando el gobierno de Venezuela.»
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