Gobierno presentó apelación ante la Cámara de EEUU por fondos buitre

La Argentina apeló la resolución de la Cámara de los Estados Unidos que falló a favor de los fondos buitres que demandan al país. El Ministerio de Economía y los abogados que representan a la Argentina presentaron una petición para que la decisión del 23 de agosto pasado - que ratificaba las órdenes de pari passu de 2012 - sea revisada por parte de la misma Cámara que la dictó (Apelación de Revisión) y, al mismo tiempo, por ante el Pleno de la Cámara (Apelación en banc).

Según señala la presentación, "el fallo de la Cámara no sólo le prohíbe a la Argentina como país soberano realizar pagos en su propio territorio a tenedores de su deuda reestructurada -esencialmente anulando el efecto de dos reestructuraciones aprobadas por este Tribunal-, sino que también inhabilitan al Bank Of New York y a otros participantes en el sistema financiero, muchos ubicados fuera de los Estados Unidos, para procesar los pagos, bajo amenaza de desacato. La argumentación argentina destaca que: "Ningún Tribunal de EEUU emitió alguna vez una orden de ese tipo."

Entre los argumentos principales de la apelación, se sostiene que una interpretación de la clausula pari passu como la que hace el juez Griesa y la Cámara desafía "lo que es razonable" para las propias leyes de Nueva York.

En tal sentido, el escrito afirma que "sin ley de quiebras soberanas, la Decisión de la Cámara le impide al estado pagar incluso intereses descontados a aquellos acreedores que acuerdan reestructurar y aceptaron una "quita" en su deuda en cesación de pagos (93% de los acreedores), salvo que el estado pague capital e interés total sobre alguna deuda que quede afuera de la reestructuración".

La presentación argentina insiste en que una interpretación como la de los jueces, terminará afectando a todos los países con procesos de crisis de deuda (argumentos apoyados por los amicus curiae que se presentaron durante el proceso, incluyendo a Anne Kruegger y el FMI).

Desde este punto de vista, se explica que frente a futuros reclamos de acreedores de países con deudas, los jueces deberán: o bien aplicar siempre el criterio usado en este caso con Argentina, con lo que todos los acreedores preferirán siempre un juicio a una reestructuración, o deberán analizar caso por caso, sin estándares uniformes, lo que contradice la jurisprudencia del Tribunal de aplicar siempre las mismas soluciones ante un mismo tipo de problemas.

Otro de los argumentos principales de la presentación argentina sostiene que las órdenes de los jueces afectan la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos. Al respecto, recuerda que la propia ley norteamericana sobre Inmunidad Soberana, prevé que cuando un Estado ha sometido su jurisdicción a las leyes locales, sus bienes no pueden ser "embargados ni ejecutados" salvo que sean bienes ubicados en los Estados Unidos y de tipo comercial.

Vocación de pago

Argentina decidió políticamente cambiar su estrategia frente a los holdouts, comentan en la Casa Rosada y prueba de ello es la reapertura del canje para lograr captar el 7% que no ingresó en su momento y que ya cuenta con la aprobación del Senado.

Además quedó en el olvido el anuncio oficial del cambio de jurisdicción de pago al 93% de los tenedores de bonos, propuesta que hubiera sido interpretada como que la Argentina no pensaba acatar la decisión del Tribunal de los Estados Unidos en el caso de un fallo en contra. Esta medida, según comentan fuentes en los Estados Unidos, fue lo que reforzó la presunción del Juez Griesa de que Argentina no tiene vocación de pago ante un fallo contrario.

Por esta razón, habría autorizado a los fondos buitres a comenzar a investigar los activos embargables en YPF, la empresa estatal de energía Enarsa, bancos internacionales y hasta se consideró que podía debatirse si incluir al Banco Central (BCRA).

Cristina intentó poder contar con unas palabras de apoyo en contra de los holdouts en el documento final del G-20 pero la negativa de los Estados Unidos hizo imposible este cometido que, si cuenta con el aval, por ejemplo, de Francia y hubiera contado con el del Fondo Monetario Internacional, si el gobierno de Barack Obama hubiera cambiado de postura.

El escrito que se presentó en los Estados Unidos busca lograr la revisión del fallo que ratificó que el país debe pagarle a los holdouts la totalidad de la deuda es decir unos u$s1.330 millones, decisión judicial que está en suspensión hasta tanto la Corte Suprema analice si evaluará o no el caso.

La estrategia del Gobierno es ganar tiempo y los tiempos procesales de Estados Unidos ayudan. En caso de que la Cámara rechace la apelación Argentina tiene el recurso de pedir la intervención de la Corte Suprema y se dispone de 90 días para concretarla.

Pero, según estiman los especialistas es bastante poco probable que el caso sea analizado antes de diciembre e incluso algunos aventuran que pasara para el año que viene ya que la Cámara de Apelaciones no está obligada a responder en un tiempo determinado.

El "ganar tiempo" más allá de una estrategia judicial tiene otra razón de peso: a fines del 2014 vence el derecho que tenían los acreedores a reclamar una compensación en el caso que algún bonista obtenga condiciones de pago más favorables. Cabe recordar que el 93% de los acreedores aceptaron las dos propuestas de canje que presentó la Argentina.

Aunque, la reapertura del canje que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento y que ya fuera aprobada en el Senado tiene como propósito lograr que el 7% que no ingresó a los canjes anteriores acepten esta nueva propuesta a pesar de que cuenta con las mismas condiciones que los canjes anteriores.

Algunos estiman que el caso podría incluso llegar a tener una resolución final recién en el 2015 y así lo comentó la propia jefa de Estado al decir "en realidad es un fallo que recién podrá tener efectos porque va a ser apelado y tendrá que decidir la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 2014 o 2015", señaló en su discurso cuando anunció la decisión de reabrir el canje de deuda. Sin embargo, la postura oficial sobre este tema es, como dijo Cristina, que "nosotros creemos que los problemas deben resolverse, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo". Una prueba más, según los letrados, que la Argentina quiere solucionar el problema de los holdouts.