El sindicalismo uruguayo anunció ayer estar dispuesto incluso a ocupar la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos y continuar la construcción de la pastera si la Corte Internacional de La Haya falla en contra de Uruguay. Lejos de parecer una ayuda para la empresa o el propio gobierno de Montevideo, la posición del Sindicato de la Construcción le agrega una complicación más a la empresa finlandesa, sobre todo en su imagen frente al conflicto internacional. Expertos del tema consideraron ayer que no será bien visto en La Haya que 48 horas antes de iniciar el juicio por la denuncia argentina de violación del Tratado del Río Uruguay, los trabajadores de Botnia anticiparan que no acatarán la sentencia.
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La empresa finlandesa -ya en pleno desmanejo- siempre estuvo en la posición más complicada en este conflicto. En primer lugar la autorización para su instalación en Fray Bentos se produjo durante el gobierno de Jorge Batlle varios años después que la española ENCE anunciara la radicación de su planta. Botnia, además, fue la responsable de desencadenar la furia de los asambleístas de Gualeguaychú por instalarse enfrente de esa ciudad con una construcción que, además de la disputa sobre las futuras emanaciones y efluentes del proceso de blanqueado de la celulosa, producirá indefectiblemente una contaminación visual.
ENCE comenzó sus inversiones en Uruguay hace 15 años, con plantaciones de eucaliptus globulus y aserraderos, luego avanzó con un puerto propio y recién después definió la construcción de su procesadora de celulosa; además, después de un codo en el curso del Uruguay que la aleja de Gualeguaychú. A esto debe sumarse que la capacidad de procesamiento de Botnia se pensó en un millón de toneladas y la de ENCE en 500 mil. De alguna forma, la finlandesa les complicó la vida a los españoles, que hasta ese momento no habían despertado demasiado rechazo.
Ayer los trabajadores de Botnia complicaron la situación al declarar que están dispuestos a «jugar muy fuerte» si el tribunal de La Haya dictamina en contra del Uruguay. Lo dijo el presidente del Sindicato de la Construcción del Uruguay, filial Fray Bentos, Juan Sardella, justo dos días antes de las audiencias en Holanda que se desarrollarán entre mañana y pasado: «Tenemos muy fuerte impresión de que no hay posibilidad de marcha atrás y la obra seguirá adelante, pero de no ser así, jugaremos muy fuerte porque ante todo están los derechos de los trabajadores», una declaración que seguramente no gustará a los tres miembros del tribunal arbitral que de por sí, y como en todo jurado internacional, son recelosos de la obediencia que los países presten a sus sentencias, habida cuenta que el derecho internacional no es materia de acatamiento obligatorio para los países. También levanta sospechas sobre si no hay consentimiento de la empresa respecto de la actitud de los trabajadores para que defiendan por la fuerza lo que no puedan defender con el derecho.
Lo curioso es que los mismos trabajadores que ayer se conjuraron para tomar la planta si la Justicia no respalda a Botnia, son quienes el lunes pasado paralizaron las obras de construcción de la finlandesa por un conflicto gremial. Esos 2.300 empleados tenían en realidad una disputa por el encuadramiento de unos 100 de ellos en el estatuto que los rige, una suerte de puja como la que mantuvieron en la Argentina Hugo Moyano y Armando Cavalieri por la pertenencia de los transportistas de Carrefour. Esa medida de fuerza se levantó ayer a las 11, tras una extensa asamblea.
Mientras eso sucedía en Fray Bentos, en La Haya se terminaron de completar las delegaciones que desde mañana llevarán adelante los alegatos de cada país ante el tribunal. La Argentina es la que tiene mayor expectativa, ya que en esta primera instancia debería lograr que la corte fallara a favor de la medida cautelar pedida por el gobierno de Néstor Kirchner, es decir, decretar la suspensión de la construcción de las pasteras hasta que se solucione la situación de fondo. Pero esa posibilidad aparece cada día más remota, como reconoció el lunes el propio Daniel Sabsay.
Reunión de expertos
Los 17 expertos que componen la delegación argentina se reunieron ayer en la Embajada ante La Haya «para ultimar los detalles de los alegatos que se presentarán ante los miembros de la corte». Ese equipo, encabezado por la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, se preparó para concurrir hoy a la sede de la corte internacional de justicia para efectuar un reconocimiento del lugar. Al mismo tiempo, el juez ad hoc nombrado por el país para participar de las audiencias, Raúl Vinuesa, ya juró ante el alto tribunal.
Por la Argentina sólo estarán autorizados a hablar ante los 15 jueces del tribunal Ruiz Cerrutti, el embajador en Holanda, Santos Goñi, y el director del Instituto del Servicio Exterior, Horacio Basabe.
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