Estaba claro que los juicios de bonistas en Nueva York por el default el país los iba a perder. Era inevitable. Pero la clave pasaba por cuándo saldrían las sentencias y cuántos bonistas iniciarían acciones. Trascendió que hace 5 días el juez Griesa falló a favor de un acreedor y, lo más importante, aprobó que las demandas se hagan sin complicados ni costosos trámites. Dejó así abierta la posibilidad para que en el corto plazo -antes de fin de año- se multipliquen las sentencias tras esta resolución. Más allá de si les será o no fácil encontrar activos embargables, sí es indudable que será cada vez más costoso lograr un entendimiento con 26% que no aceptó el canje de la deuda.
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Concretamente, la situación estaba planteada de la siguiente manera: en una audiencia celebrada en los tribunales de Nueva York hace 15 días, el abogado Jonathan Blackman, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton, que defiende al país, decidió renunciar a requisitos legales que demoraban a los acreedores a acceder rápidamente a las sentencias. A cambio, Blackman pedía solicitar más información de los bonistas que demandaban a la Argentina.
En realidad, la estrategia del abogado era la de postergar lo máximo posible las definiciones de Griesa sobre causas que de hecho ya estaban perdidas de antemano por el default. Es por ello que Blackman ofreció renunciar a exigencias a bonistas que inicien juicios (certificados de bancos de tenencias de esos títulos en default y otros trámites), a cambio de pedir nuevos datos. Intuía el abogado del país que esos nuevos pedidos de datos podrían estirar seis meses más el fallo definitivo de Griesa. Esto ocurrió en un contexto en el que la apertura de negociaciones judiciales no está autorizada por la Ley 26.017 (o «Ley Cerrojo»), pero ello pasó inadvertido por Blackman.
Pero hay otros elementos a tener en cuenta. En primer lugar el juez norteamericano determinó que la Argentina debe pagar alrededor de 150% del monto adeudado, al que se van sumando los intereses mensuales por el atraso. Esto se traducirá en un mayor costo a la hora de querer lograr un acuerdo con el 24% de los bonistas que rechazaron la oferta lanzada en el primer trimestre.
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