El equipo económico está analizando un proyecto para permitir que más gente pueda acceder a un crédito hipotecario: consiste en que el Estado subsidie la tasa de interés para bajar el costo de acceso al público, con lo cual se busca darle un fuerte dinamismo al sector inmobiliario, en especial en el segmento de clase media y media baja.
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La intención es que la tasa de los préstamos hipotecarios baje de niveles cercanos a 11% anual de la actualidad a valores que ronden 6% o 7% anual en pesos. De esta manera, se reduciría sustancialmente la cuota del crédito y permitiría que mucha gente pueda acceder considerando su nivel de ingreso.
El pedido partió directamente del presidente Néstor Kirchner e inmediatamente se pusieron a analizarlo en distintas reparticiones oficiales, particularmente el Palacio de Hacienda y el Banco Nación. El tema llegó incluso a algunos bancos privados, que serían los principales vehículos para volcar esta nueva línea de créditos con subsidio. Aunque automáticamente puede pensarse como un anuncio de oportunidad electoral, aún no está claro si podrá presentarse antes de los comicios legislativos del 23 de octubre.
El fenómeno vinculado con la construcción que se observa está hoy concentrado sobre todo en público de alto poder adquisitivo y con capacidad de ahorro, que no precisa crédito.
Sin embargo, la población de clase media se encontró con precios de vivienda que prácticamente se triplicaron en pesos (es decir que mantuvieron su valor en dólares), mientras que los salarios crecieron a una velocidad muy inferior.
• Licitación
El mecanismo, todavía en etapade análisis, sería similar al que se utiliza para subsidiar a las pymes. Los bancos de todo el país se presentan a la licitación de tasa subsidiada que realiza la Secretaría pyme, que asigna los cupos por entidad de acuerdo con las ofertas recibidas. También el Banco Provincia tiene una línea similar con tasa que subsidia el Estado provincial.
En el caso de los préstamos hipotecarios, el subsidio para abaratar la tasa saldría del Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda). El gran problema es que se trata de recursos que van en su totalidad a las provincias, pero que muchas veces se desvían: en vez de ir a proyectos destinados a la construcción terminan aplicándose a pagos de sueldos u otro tipo de subsidio político.
Este subsidio implica que el público sólo pagaría un porcentaje de la cuota correspondiente, mientras que el Estado se haría cargo del monto restante. Esto reduciría de manera directa el costo para el tomador del préstamo.
Dentro de las definiciones que se manejan en el gobierno, figura la necesidad de limitar quiénes podrían recibir este subsidio. Por eso, se fijarían algunos parámetros: el préstamo no podría superar los $ 60.000.
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