El gobierno iniciará hoy la renegociación de tarifas con las empresas privatizadas de servicios públicos. Los representantes de las 59 compañías convocadas participarán de un encuentro en el Ministerio de Economía que presidirá el ministro Remes Lenicov. La discusión tiene un plazo de 120 días. La intención del gobierno es sólo discutir tarifas y asegurarse de que no aumenten a cambio de mayores plazos contractuales, diferimiento de inversiones o baja de la calidad del servicio. Pero las empresas afirman que tienen problemas por el fuerte incremento de sus costos tras la devaluación.
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Para el resto de esta semana y la próxima serán convocadas las otras empresas, estimándose que habrá diez reuniones para los catorce grupos empresarios constituidos. Informate más
Según el documento oficial, que se distribuirá desde hoy a las empresas, el objetivo es «adecuar los contratos en el período de la emergencia, sin introducir cambios estructurales». El gobierno procura asimismo dar garantías de seguridad jurídica, afirmando que se va a «preservar la vida del contrato y las condiciones originariamente pactadas con vistas a su restablecimiento futuro».
El gobierno admite que se «requerirán ajustes en el corto plazo a fin de adaptar la ejecución de los contratos al desenvolvimiento de la economía», lo que equivale a reconocer la necesidad de trasladar a las tarifas los mayores costos derivados de la devaluación.
Entre las empresas privatizadas, hay cierta inquietud de que estas declaraciones intenten contrarrestar las objeciones del Fondo Monetario Internacional y de varios gobiernos de los países centrales con respecto a la falta de cumplimiento de los contratos firmados.
Hay compañías que aceptarían un plan para la emergencia, con aumentos que sigan los costos internos y parcialmente el impacto de la devaluación sobre el endeudamiento externo de cada una, pero pedirían a cambio una flexibilización de las exigencias de inversión y de calidad del servicio.
Sin embargo, el documento oficial se remite en ese último aspecto a la ley de emergencia afirmando que «en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones».
De este modo, se nota de entrada una contradicción entre el propósito de resolver sólo la emergencia y a la vez exigir el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los contratos, las cuales se encuentran suspendidas de hecho desde la devaluación.
A medida que se realizan las reuniones que se inician hoy, las empresas recibirán un formulario en el que deberán detallar en el término de 10 días hábiles «el impacto producido por la emergencia», un resumen de su situación económico-financiera reciente, la evolución del contrato y de las tarifas, y un detalle del endeudamiento y de las aplicaciones efectuadas.
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