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Estas serían las principales empresas que no llegaron aún a un acuerdo con la unidad renegociadora sobre el incumplimiento de los contratos firmados en 1991, las multas impagas y sus propios reclamos.
En apariencia, Ordóñez se basaría en el pliego de la licitación que no dice expresamente que los actuales concesionarios deben resignar derechos a reclamos posteriores o cerrar los contratos, antes de intervenir en la licitación.
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