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El pedido se fundamenta en la falta de reglamentación de disposiciones legales que demoran la entrega por parte de las sociedades de información imprescindible para confeccionar la declaración de los socios y accionistas. Además, las modificaciones generadas por el «corralito», «corralón», la pesificación y otros cambios en las reglas de juego provocan una dispersión de la información necesaria para conocer la real situación de los contribuyentes.
La solicitud seguro choca con los intereses recaudatorios de la AFIP y Economía, pero el contribuyente precisa de un tiempo para juntar la información y confeccionar su declaración jurada.
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