Insiste gobierno en que rige decreto que frena amparos

El gobierno sostuvo ayer que aún rige el decreto que frena la salida de depósitos bancarios que fue declarado inconstitucional la semana pasada por la Justicia.

Según la apreciación del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, la sentencia no está firme porque hay una posibilidad de apelación. «Una vez que toda la Justicia se expida podemos estar hablando de una sentencia firme», sostuvo.

El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta hoy para apelar los fallos judiciales que declararon inconstitucional el decreto que firmó Eduardo Duhalde la semana pasada. A través de esa norma se suspendió por 120 días las medidas judiciales que permiten a los ahorristas retirar sus depósitos bancarios en efectivo pese a que desde enero rige un congelamiento de esos fondos.

Anoche se evaluaba en el gobierno recusar a la jueza federal Emilia Marta García, quien hizo lugar a un recurso colectivo interpuesto por el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en favor de los ahorristas de todo el país. Se sostenía que la jueza debió haber enviado a sorteo el expediente presentado por el ombudsman en vez de expedirse, por lo que consideraban que el proceso es nulo por ley de procedimiento.

•Suspensión

Los artículos declarados inconstitucionales por García y otros tres jueces son los que penden por 120 días hábiles la ejecución de los amparos, que interrumpen las causas en proceso y determinan que los depositantes habilitados por cuestiones de salud o de edad retiren sus fondos en la sede del Banco Central. Aun si el gobierno recusara a la jueza García deberá apelar los otros tres fallos contrarios al decreto firmado por Duhalde.

Por estos fallos ya se escaparon unos 4.300 millones de pesos (1.170 millones de dólares), que se suman a los 18.000 millones de dólares que dejaron el sistema el año pasado y obligaron al gobierno a congelar los ahorros para frenar la sangría.

Tras la apelación del gobierno, será la Justicia de segunda instancia quién se expida y finalmente si existe una nueva apelación le llegará la hora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

•Cruzamiento

Justamente, la cuestión en danza es el pronunciamiento en última instancia de la Corte Suprema de Justicia, que en definitiva decidirá la suerte del plan antiamparos del gobierno, y por consiguiente marcará el rumbo de la política monetaria. En este punto, el problema del «corralito» y los amparos se cruza con otro de los mayores dolores de cabeza del Ejecutivo: el juicio político que legisladores de distintas bancadas llevan adelante contra el Supremo Tribunal, que estaría generando cierta reticencia en los ministros de la Corte para garantizar ese aval fundamental.

Los nueve miembros del máximo tribunal están enfrentados con Duhalde luego de que el propio gobierno impulsara en el Congreso el inicio de un juicio político a los magistrados por sus polémicos fallos durante los últimos 12 años.

•Otro fallo

Ayer, una magistrada federal de Córdoba emitió otro fallo contrario al Decreto 1.570 del Poder Ejecutivo. En este caso, la jueza Cristina Garzón de Lascano declaró inconstitucional el decreto y todas las normas complementarias por considerarlas «atentatorias contra el derecho de propiedad».

El gobierno sostiene que hay más de un millón y medio de depósitos reprogramados menores a 7.000 dólares y solamente 800 personas con más de un millón de dólares, por lo que evaluó que el resto ya salió del «corralito».