Intenta el gobierno destrabar paquete de leyes económicas

El período de sesiones extraordinarias, en lo formal, comenzó ayer en el Senado. Una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el peronista Jorge Milton Capitanich, fue el primer acto del Congreso para despertarse de la siesta veraniega que duermen desde diciembre. Allí se aprobó el dictamen del proyecto que modifica la tasa especial sobre el gasoil que se aplica para financiar obras de infraestructura, transformándola y aumentando la alícuota y su distribución. Ese proyecto del gobierno sufrió ya modificaciones en Diputados por la oposición, entre otros puntos, al convalidar la asistencia con esos fondos a planes de formación profesional del gremio de camioneros. En resumen, hay reticencia -y volverá a aparecer en el recinto- de los senadores a convalidar otra caja para Hugo Moyano como la que pide el gobierno.

Por ahora, la agenda más movida de extraordinarias está en el Senado ya que muchos de los proyectos que pidió el gobierno para febrero esperan votación en esa cámara y ya fueron tratados en Diputados. Eso justifica que la primera sesión arranque mañana en el Senado, aunque la actividad de los bloques se haya iniciado ayer.

En esta primera semana, el Senado debatirá el proyecto que modifica el impuesto al gasoil y existe la esperanza de convertir en ley la creación del marco regulatorio del gas licuado de petróleo -la ley para regular la venta de gas en garrafas-, ambos con sanción de Diputados, y que quedaron pendientes al fracasar la sesión convocada para la última semana de diciembre en el Senado. Por esa razón, Capitanich se apuró a emitir dictamen ayer del proyecto sobre la tasa al gasoil. En el paquete de temas se incluirán los proyectos que restan del Plan Antievasión II, una reforma del Registro Unificado de Sociedades por Acciones -tema clave para Roberto Lavagna que el Congreso no atendió y que permite unificar el control de las sociedades que se crean en todo el país y así perseguir evasión en esa área-, y la modificación a la Ley de Tasas Judiciales, referida a la identificación del domicilio fiscal del denunciado al momento de efectuar el pago.

En Diputados encabeza la agenda la nueva Ley de Accidentes de Trabajo -empleados accidentados o sus familiares pueden optar entre cobrar las indemnizaciones del sistema de ART o iniciar una acción civil ante la Justicia del Trabajo-, la creación de la figura de donante presunto -tema que pide el ministro Ginés González García y que el Congreso se resiste a tratar por la posición personal de cada legislador- y la desfederalización de delitos vinculados con el contrabando de drogas cuando el volumen sea pequeño, un proyecto casi suplicado por Felipe Solá al Congreso, pero que no tiene total acuerdo del duhaldismo.

Así, de todo el paquete de verano, la «ley del gasoil» es sin duda la más conflictiva: transforma en un impuesto la actual tasa vial de 18,5% sobre el precio del gasoil, con una alícuota de 20,2% para ser afectada al fondo fiduciario del transporte público y de cargas. De ese fondo -hoy existente y con destino determinado- se financiará la asistencia al gremio de camioneros tan resistida en el Congreso. Y significará, además, para el gobierno un aumento de $ 120 millones en la recaudación de esa tasa que en 2004 alcanzó los $ 1.500 millones, con lo que se podrá reforzar ese fiduciario destinado al transporte de pasajeros, de cargas y ferroviario.

La UCR rechazó ayer el aumento de la alícuota con el argumento de que el incremento del gasoil afectará la producción agropecuaria, aunque los radicales no aclararon todavía si darán o no los dos tercios necesarios para habilitar la votación.

Miguel Pichetto está tratando de garantizar la presencia masiva de senadores peronistas en la primera sesión del año para conseguir, además, la mayoría calificada que necesita esta ley para aprobarse por modificar asignaciones específicas que tienen destino en la coparticipación de impuestos. Esto significa que el peronismo debe reunir 37 votos a favor.