Intenta el gobierno un acuerdo con AFJP y bancos por deuda

Este es el cuadro de situación para entender el problema que se desató con esta porción de la deuda externa que originalmente era de u$s 38 mil millones.

• A mediados de 2001, Domingo Cavallo decidió cambiar los títulos del megacanje recién negociado a tasas muy altas, por un préstamo garantizado a una tasa de 7% anual y un plazo mayor, que promedia 15 años. El canje era favorable para el gobierno porque las tasas de interés de referencia en Estados Unidos eran de 6,5% anual, cinco veces superior a la actual. La tasa del préstamo garantizado se asemejaba a la de un país con «investment grade», es decir grado de inversión.

• Bancos, AFJP y compañías de seguros aceptaron la propuesta y entregaron sus bonos al Estado y asentaron en sus libros un préstamo que se garantizaba con los bonos que entregaron. En otras palabras, si el gobierno no cumplía, los bancos se quedaban con los bonos que entregaron.

• Cuando asume Eduardo Duhalde se decide pesificar el préstamo garantizado a $ 1,40 más CER y a una tasa de 4% anual. Los bancos y compañías de seguros presentaron recursos administrativos al Ministerio de Economía, mientras las AFJP rechazaron abiertamente la propuesta al ir a la Justicia. La diferencia entre ambas posturas es que las AFJP corren el riesgo de enfrentar juicios de los aportantes si pesifican su deuda, porque equivale a pesificar sus aportes y reducir sus futuras jubilaciones.

• El gobierno ignoró el juicio de las AFJP y transformó el préstamo garantizado original de u$s 38 mil millones en 78 mil millones de pesos. Por esa pesificación hoy el gobierno dice que tiene una deuda de u$s 26.500 millones, pero la deuda original es de u$s 38 mil millones, de los cuales u$s 17 mil millones (centro del conflicto) son de las AFJP.

• Por cláusula de la negociación, los tenedores del préstamo garantizado pueden sentarse a la mesa de negociaciones como tenedores de los bonos que dieron al gobierno en su momento por el préstamo garantizado.

• Si decidieran dar por caído el préstamo garantizado por incumplimiento, las AFJP le restarían poder de voto al gobierno en la renegociación con los tenedores de bonos. Lo privarían de una mayoría de títulos que son imprescindibles si quieren proponer una quita al resto de los acreedores externos.

«Hasta ahora no sabemos nada de que el gobierno quiera renegociar el préstamo garantizado», dicen banqueros y directivos de las AFJP, sorprendidos por la noticia.

Entretanto, los fallos adversos al gobierno por la pesificación de los bonos y el default se acumulan en distintos tribunales. Por caso, en las causas «Aulicino, Hugo Eduardo c/ PEN» y «Mesch, José Manuel y otro c/ PEN» se declaró la inconstitucionalidad de la pesificación de los bonos y se ordenó al Estado que pague las sumas adeudadas y las que se devenguen en el futuro en las condiciones originalmente pactadas. El monto de estas acciones judiciales es de casi u$s 30 millones.

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