Ese régimen, dicen las empresas y repite una vieja queja de Economía (que se remonta a los tiempos de la reforma constitucional de 1994 y su reglamentación), permite que cualquier contrato que firme el Estado quede al acaso de una organización o un individuo que se sienta agraviado por la medida. Una camada de jueces imaginativos -señala esa queja-se aficionó en los últimos años a conceder esos amparos y contener cualquier movimiento de tarifas, modificaciones de cláusulas contractuales.
Según Lavagna y Guglielmino, para citar las dos alas del gobierno que se mueven sobre este asunto,
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