El 1 de febrero vence la suspensión voluntaria de ejecuciones de deudores morosos que habían acordado las dos principales cámaras bancarias. Si bien las entidades prefieren negociar directamente con sus clientes, el gobierno insistirá con la aprobación de un polémico proyecto que establece una mediación extrajudicial. El senador santafesino Oscar Lamberto confirmó ayer a este diario que en el Congreso están dispuestos a volver a tratar el tema en la primera quincena de febrero, en sesiones extraordinarias. Sería una nueva instancia que difiere la posibilidad de que el acreedor inicie un juicio que culmine en la ejecución del inmueble o la garantía otorgada. El FMI se opone a cualquier interferencia y exige que cualquier medida de este tipo sea aceptada primero por el acreedor. En principio, esta nueva legislación apuntaba a empresas, pero la intención es incluir a pequeños deudores que tomaron créditos con bancos o fuera del sistema financiero.
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El tema vuelve a cobrar gran interés porque a partir de febrero (es decir, la semana que viene), vence el plazo de suspensión de ejecuciones voluntarias que en noviembre habían acordado las principales cámaras bancarias con el gobierno. De todas formas, las entidades aseguran que ahora prefieren negociar caso por caso (ver aparte).
El proyecto que volverá a estar bajo análisis, denominado Programa de Negociación para la Reestructuración Abreviada, le da 60 días de plazo al deudor para llegar a un acuerdo con el acreedor, con la participación de un mediador extrajudicial.
Esta iniciativa fue conversada preliminarmente ayer entre el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y los jefes de bancada del justicialismo. También se puso al tanto de esta alternativa el titular del BCRA, Alfonso Prat-Gay. Inclusive ayer el peronista Oscar Lamberto confirmó que para este tema habría consenso para sesionar en febrero.
