Sobre la base de convalidar un aumento de 20% anual (en dos veces, marzo y setiembre)el costo de la actualización de las jubilaciones y pensiones sería de aproximadamente $ 2.400 millones anuales. Es una estimación preliminar de la aplicación del índice combinado (salarios y recaudación tributaria) escogido por el gobierno para garantizar la movilidad de las jubilaciones, sobre el universo de beneficiarios que cobran más de $ 1.000.
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Anoche, el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, revisaba el borrador del proyecto de ley de movilidad jubilatoria que el gobierno enviará hoy al Congreso. A la par, en el Ministerio de Trabajo intentaban calcular el costo fiscal de la iniciativa, sorteando obstáculos como la carencia de estadísticas recaudatorias.
De todos modos, la clave del impacto fiscal del proyecto oficial pasa por si el gobierno decide elevar la jubilación mínima. Porque de los más de 5,8 millones de jubilados y pensionados, el 73% cobra el haber mínimo, pero hay una importante proporción de éstos que percibe menos que ese monto. De modo que un ajuste anual en torno a lo estimado no sería relevante para las cuentas fiscales. Entonces, de no mediar un aumento de la mínima (hoy en $ 690), la movilidad afectará los haberes de aquellos que cobran por encima de los $ 1.000.
De acuerdo con los últimos datos de la carteralaboral, este segmento de la clase pasiva, que fue castigado durante el gobierno de Néstor Kirchner con la postergación de la actualización de los haberes -que son quienes han iniciado cientos de miles de juicios al Estado- totalizan más de 560.000 casos.
Al tomar los haberes promedio de esta población a diciembre pasado -últimos datos disponibles-, el gasto mensual supera los $ 920 millones, o sea que el costo anual ronda los $ 12.000 millones. Si se aplica un ajuste de 20%, el costo incremental anual rondaría los $ 2.400 millones, lo cual no parecería afectar demasiado las cuentas de la ANSeS.
Mínima
Todo lo contrario ocurriría si el gobierno adopta la decisión política de aumentar nuevamente la mínima. Vale señalar que el aumento de 7,5% que alcanzó a casi 6 millones de jubilados y pensionados este mes tuvo un impacto presupuestario de $ 277 millones mensuales ( representa más de $ 3.600 millones anuales).
Según el clima que rodea a quienes están involucrados directa e indirectamente en el diseñodel proyecto de ley, no se percibe que el gobierno lance al ruedo semejante medida.
La cautela que impera entre quienes están calculando el costo fiscal del proyecto de ley se centra en la mayor incertidumbre sobre la evolución de la recaudación tributaria, y de los aportes y contribuciones.
¿Seguirá el blanqueo laboral, crecerá el empleo, el nivel de actividad económica se reactivará?, son algunos de los principales interrogantes que preocupan a los técnicos del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a la hora de discernir cómo afectará la ley propuesta a las alicaídas cuentas fiscales.
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