El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció ayer que el sector privado invertirá durante este año más de 2.000 millones de dólares en obras de infraestructura, de los cuales 1.000 millones de dólares se destinarán a proyectos diseñados por el Estado para la mejora en el transporte de energía. Indicó, además, que uno de los sectores que financiarán las inversiones serán las AFJP. «Se van a involucrar en el desafío de financiar infraestructura pública», dijo, y agregó que sobre ese tema «tendremos importantes novedades en el corto plazo». De Vido hizo estas afirmaciones al abrir un encuentro organizado por el Banco Mundial y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El funcionario enumeró proyectos que se pondrán en marcha en el transcurso de este año y destacó el futuro «mercado electrónico del gas, que será una medida clave dentro del plan energético y servirá para transparentar» las compras que realice el sector.
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Mencionó la importancia de avanzar en «el gasoducto del nordeste argentino (NEA), que traerá gas desde Bolivia y que abastecerá a las provincias de Formosa, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires y también a Paraguay», que será construido por el grupo Techint con participación del Estado. (No obstante, el proyecto fue cuestionado esta semana en la Cámara de Diputados por el aporte del Tesoro a una iniciativa privada, sin licitación previa, por lo cual no se descarta que haya cambios en el emprendimiento.)
De Vido reivindicó el modelo de asociación público-privado, habló de generar un «equilibrio entre los distintos actores de la economía» y afirmó que las empresas deben recibir un retorno adecuado por sus desembolsos, ya que «nadie va a apostar a invertir para hacer crecer a otro y perder dinero uno». Estas afirmaciones confirman que el gobierno espera el aporte de capital de los grandes y medianos usuarios industriales que se beneficiarán con el mejoramiento de las redes de alta tensión para la electricidad y con la ampliación de la capacidad en los gasoductos.
También el ministro defendió el Acta de Copacabana recientemente firmada por el presidente Néstor Kirchner y su par brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, que reclama excluir a la inversión pública del cómputo de gastos para calcular el superávit fiscal.
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