Hace unos meses la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le envió a la Corte Suprema un ultimátum para que devuelva los cuatro pisos que la Justicia ocupa en el edificio de Carlos Pellegrini al 600. El contrato de alquiler venció hace un año pero los « okupas» judiciales permanecen allí porque no tienen dónde mudar los siete juzgados en lo Contencioso Administrativo que funcionan en ese lugar. Para cada juzgado se necesitan 100 metros cuadrados y, se sabe, que en la Capital porteña cada vez es más difícil, sino imposible, encontrar unas oficinas con esas características.
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La eclosión que sufren los tribunales porteños es una fotografía que se repite en los juzgados nacionales y federales. La situación ha motivado que un grupo de jueces -nucleados en la Junta de Presidentes de Cámara- empezara a reclamar a la Corte Suprema que desafecte los más de 650 millones de pesos que el Poder Judicial tiene durmiendo en una cuenta bancaria.
Por el manejo de esos fondos hubo una encarnizada pelea entre el Consejo de la Magistratura y Enrique Petracchi. La discusión llegó a su fin con la intervención de Alberto Fernández y un decreto presidencial que le devolvió al tribunal supremo la potestad de administrar ese dinero que proviene del superávit del Poder Judicial. Los jueces ya han pedido una reunión con el jefe de Gabinete. Pero hasta tanto eso suceda han gestionado también reuniones con el administrador de la Corte, Nicolás Reyes (el ministro N°10), para buscar una solución al problema edilicio.
Donde se evidencia con mayor crudeza el colapso es en los juzgados en lo contencioso administrativo. Estos tribunales vienen golpeados desde la época del « corralito» cuando fueron desbordados por la presentación de amparos contra la pesificación. Cada uno de los 12 juzgados recibió entonces cerca de 30 mil acciones de este tipo. Aunque los juzgados han pasado los expedientes a las salas y éstas a la Corte Suprema, todavía los jueces comparten sus horas de trabajo con cientos de expedientes acumulados en los pisos, escritorios o sillones. No todos son del «corralito», pero tienen que ver con el Estado.
La competencia de estos tribunales es amplia y sus resoluciones tienen trascendencias institucionales. Y sus contenidos que tienen influencia en la sociedad. Precisamente, la suerte de los negocios del Estado se define en muchas de las presentaciones que recaen en los juzgados con jurisdicción en los temas tributarios, impositivos, aduaneros. O aquellos que tienen que ver con organismos y servicios públicos.
Hasta ahora los tribunales vienen funcionando con personal contratado, interino o los denominados meritorios. Pero esa tropa de empleados resulta insuficiente para cubrir la demanda de un fuero que ha incrementado su actividad jurisdiccional.
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