Juez Griesa y el Fondo se endurecen con Argentina

El juez neoyorquino Thomas Griesa le reclamó ayer al gobierno argentino que identifique claramente sus activos embargables en el exterior. Y aunque se enojó también con los acreedores por la poca información que acercaron a la causa, llegó a exigir al gobierno que actúe de «buena fe» ante el pedido formulado hace meses. Griesa no obtuvo respuestas concretas por parte de los abogados del país y amenazó con cerrar la causa. Según el compromiso argentino, los datos serán difundidos a fines de junio. Pero el juez no lo cree, y una posibilidad es que el propio juzgado se encargue de efectuar el trabajo. El proceso de «identificación» de bienes fue solicitado por el juez tras varios fallos en contra por demandas iniciadas por fondos buitre que quieren cobrarle a la Argentina tras el default. La búsqueda de estos activos se realiza para avanzar con embargos que el equipo económico busca evitar. Es otra complicación legal que puede perjudicar al gobierno, cuando se aproxima la fecha para dar a conocer la oferta para salir del default, hacia mediados de junio. El FMI cargó también ayer contra el equipo económico en la controversia sobre la fecha de la próxima misión al país. Desde Washington, el vocero Thomas Dawson aseguró que se aceptó un «pedido de postergación» por parte de la Argentina, por lo cual los técnicos comenzarán a trabajar recién a principios de junio. Pero Economía aclaró que «en ningún momento» se solicitó una prórroga. No se explicó que ambas partes convinieron en que no tendría sentido arrancar la revisión la semana próxima si no está lista aún la oferta para los acreedores.

Thomas Griesa

El juez neoyorquino Thomas Griesa volvió ayer a reclamarle a la Argentina que informe cuáles son sus activos comerciales en el mundo. Fue durante una audiencia en la que participaron los abogados de los fondos buitre que iniciaron juicio contra el país y en la que también estuvieron representantes del estudio legal que representa a la Argentina.

El magistrado les pidió a ambas partes que trabajen de «buena fe» para identificar bienes comerciales susceptibles de ser embargados. Por supuesto que la actitud del gobierno argentino es extender todo lo posible los plazos para no revelar información. Tampoco se brindaron datos sobre los movimientos de activos que realizó el país los dos meses anteriores a la devaluación (a fines de 2001), pese a que también había sido requerido por el magistrado.

«Cuando todo esto empezó, yo asumí que los abogados de la Argentina sabían que tenían que entregar información... ésa es su obligación ante el tribunal», le dijo un contrariado Griesa a Jonathan Blackmann, representante legal de la Argentina a travésdel estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. De acuerdo con el compromiso del abogado de la Argentina, el informe respecto de la situación de los activos se presentaría en junio, aunque la promesa no resultó convincente para el juez, molesto ante la extrema lentitud mostrada por el gobierno.

Según explicó el abogado Eugenio Bruno, si el gobierno insiste en no dar información sobre sus activos, el juez podría «nombrar un perito o solicitar un pedido de informes», tanto a entidades financieras como al Departamento del Tesoro estadounidense. Este proceso podría incluso complicar el desarrollo de la oferta formal de la Argentina para salir del default.

• Identificación

El tribunal neoyorquino solicitó a la Argentina que identifique todas aquellas actividades comerciales que muevan más de 5 millones de dólares anuales en cualquier partedel mundo, ya sea directamente o a través de agencias.

Blackman, por su parte, pidió que sean los acreedores demandantes los que entreguen una lista de agencias gubernamentales u otras entidades vinculadas al Estado que se desee investigar. De esta forma -argumentó-no se entraría en un proceso complejo de búsqueda en cada país.

Aunque suene insólito, el abogado del gobierno puso como ejemplo de «activos» no embargables al Ballet Argentinoque depende del Estado, pero que no tiene relevancia comercial para los acreedores.

Este proceso que se denomina «descubrimiento de activos-» fue ordenado por Griesa tras dictaminar varios fallos adversos contra la Argentina por causas iniciadas por distintos acreedores ante la cesación de pagos que se extiende desde diciembre de 2001.

Entre los principales demandantes se encuentra el fondo EM Limited, del conocido inversor Kenneth Dart, que inició un juicio por una tenencia de bonos en default por u$s 745 millones. También iniciaron y ganaron demandas fondos con tenencias más pequeñas, como Old Castle, Lightwater y Macrotecnic.

• Sin avances

Sin embargo, a pesar de los fallos favorables, no lograron avanzar con el proceso de identificación de activos argentinos que puedan ser embargados. La intención es hacerse de estos activos para rematarlos judicialmente y pagarles a los acreedores. El gobierno argentino, en tanto, sostiene que no tiene activos que puedan ser embargados en el exterior. Según la explicación, estos bienes están afectados exclusivamente a actividades diplomáticas.

Una de las principales controversias entre las partes surge de la información que el juez solicitó acerca de movimientos efectuados los últimos 60 días antes del default. En este punto existen distintas interpretaciones, y el gobierno argentino no quiere incluir entre la información lo que hizo con las reservas del país en esa etapa.

Los abogados demandantes señalaron que en la presentación del secretario de Finanzas de la Argentina, Guillermo Nielsen, indicó -a fines del año pasado-que el país ya había tomado medidas «para protegerse» ante eventuales embargos de activos.

Para Blackman, en cambio, las operaciones de ingeniería financiera destinadas a proteger ciertos activos son perfectamente legítimas.