El juez neoyorquino Thomas Griesa le reclamó ayer al gobierno argentino que identifique claramente sus activos embargables en el exterior. Y aunque se enojó también con los acreedores por la poca información que acercaron a la causa, llegó a exigir al gobierno que actúe de «buena fe» ante el pedido formulado hace meses. Griesa no obtuvo respuestas concretas por parte de los abogados del país y amenazó con cerrar la causa. Según el compromiso argentino, los datos serán difundidos a fines de junio. Pero el juez no lo cree, y una posibilidad es que el propio juzgado se encargue de efectuar el trabajo. El proceso de «identificación» de bienes fue solicitado por el juez tras varios fallos en contra por demandas iniciadas por fondos buitre que quieren cobrarle a la Argentina tras el default. La búsqueda de estos activos se realiza para avanzar con embargos que el equipo económico busca evitar. Es otra complicación legal que puede perjudicar al gobierno, cuando se aproxima la fecha para dar a conocer la oferta para salir del default, hacia mediados de junio. El FMI cargó también ayer contra el equipo económico en la controversia sobre la fecha de la próxima misión al país. Desde Washington, el vocero Thomas Dawson aseguró que se aceptó un «pedido de postergación» por parte de la Argentina, por lo cual los técnicos comenzarán a trabajar recién a principios de junio. Pero Economía aclaró que «en ningún momento» se solicitó una prórroga. No se explicó que ambas partes convinieron en que no tendría sentido arrancar la revisión la semana próxima si no está lista aún la oferta para los acreedores.
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