18 de enero 2005 - 00:00

Juicios en Italia son contra bancos

Más allá de la dureza que demostraron ayer los bonistas italianos en su encuentro con Guillermo Nielsen, la estrategia central pasa en realidad por enjuiciar a los bancos de ese país. «Se trata de un juicio local, más simple, y con mayores posibilidades de éxito», explicó el abogado Tulio Zembo, que representa a ahorristas de ese país damnificados por el default argentino.

Existen numerosas demandas presentadas ya contra entidades de ese país, algunas con fallos favorables para los ahorristas.

El «caso testigo» que mencionan los abogados es la sentencia del Tribunal di Mantova, que condenó a la Banca Agricola Mantovana a pagarle 258.700 euros a Roberto Vassalle, un ahorrista italiano que adquirió bonos argentinos por esa suma el 5 de setiembre de 2001.
Según el fallo, la entidad estaba claramente al tanto de la situación de riesgo que sufría la Argentina, incluyendo la alta posibilidad de un default inminente como lo marcaba el riesgo-país en aquel momento, por lo cual no debía haber vendido los títulos en su poder a un inversor individual.

Este tipo de demandas ya son moneda corriente y continuarán proliferando una vez que culmine el canje. La «mala fe», por lo tanto, sería de los bancos, aunque el gobierno argentino también compartiría parte de la culpa (al fin y al cabo fue el Estado el que declaró el default).

En este sentido, existen dos proyectos en el Parlamento italiano para obligar a los bancos a devolver hasta 70% de las inversiones realizadas por los bonistas, de acuerdo con los montos que hayan sido adquiridos.
Ambos proyectos, uno del oficialismo y otro de la oposición, establecen un límite máximo de devolución de 50.000 y 60.000 euros por inversor individual.

Aunque ambas iniciativas fueron presentadas hace un año, las asociaciones de consumidores confían en que el tratamiento se acelere en las próximas semanas.Aseguran que las elecciones parlamentarias de mayo podrían acelerar el interés político para « rescatar» a los bonistas. Se trata de cerca de 400.000 italianos que poseen bonos argentinos por un monto cercano a los u$s 14.000 millones.

No fue casual la presencia del titular del Comité Global de Acreedores, Nicola Stock, y del ministro de Economía italiano, Domenico Siniscalco, en el Parlamento la semana pasada.

Según el gobierno argentino, la responsabilidad de la banca italiana divide a las distintas agrupaciones de consumidores de ese país. La embajada argentina en Italia elevó un informe a Cancillería en el que detalla que Stock defiende los intereses de los bancos de ese país. Esto explicaría su dureza contra la Argentina: el objetivo sería que los juicios sean dirigidos al Estado argentino y no a las entidades.

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