La ruta secreta del caso Greco

Economía

Aparecen, como ocurre en estos casos escandalosos, los "perejiles". Ya se pudo conocer ayer la "ruta secreta" de la orden que, desde Economía -y para ser aprobada por el Congreso nacional-, le permitía recuperar al Grupo Greco unos 600 millones de pesos. Significa que Ambito Financiero pudo acceder a todos los nombres del personal administrativo del ministerio presidido por Felisa Miceli que suscribieron cada parte del expediente que concluía en autorizar la emisión de bonos a favor de ese núcleo bancario-empresario quebrado en los 70. Esta concienzuda labor investigativa, por supuesto, no fue realizada por la Justicia. Y, aunque completaen sus pasos burocráticos, no alcanza a definir quién fue el autor o la autora del monumental intento de pago que, vale la pena recordarlo, pertenece a este gobierno. No es de administraciones anteriores. La Miceli, como se recordará, ordenó una investigación: es de suponer que ella ignoraba el pago de 600 millones de pesos. ¿También lo ignoraba el Presidente, tan cuidadoso de las monedas del Estado? Lo cierto es que la pesquisa, hasta ahora, no produjo nombres ni comparecencias importantes, mientras los magistrados abocados al caso tampoco se han pronunciado. Quizás este aporte de los "perejiles" del ministerio ayude a quienes, presuntamente, dicen intervenir y averiguar. Por si no les alcanza esta hilera de nombres, pueden invitar a que expresen opinión a los senadores Jorge Capitanich y Miguel Pichetto: ellos también conocían, aunque no firmaban, el insólito pago que no se hizo efectivo por milagro.

El escándalo que produjo el caso Greco en el Congreso no deja de sorprender. Mientras sigue la espera por algún resultado en la investigación interna que Felisa Miceli dispuso en su Ministerio de Economía, sobre quién dio la orden de pagar esa cuestionada deuda judicial a los integrantes del ex grupo mendocino con una emisión de bonos especial de aprobación fallida en el Senado, se supo ahora que la decisión de avanzar con ese pago era conocida por casi toda la línea de funcionarios de Economía, al menos, desde mayo de 2006. Sorprende entonces, que tanto a la ministra como a otros integrantes del gabinete de su ministerio les extrañara la existencia de esa orden de pago -de la que no se pudo saber aún si es ajustada a la ley o no, porque el gobierno sólo ha dado marchas y contramarchas en una acción de ocultamiento que resultó de por sí sospechosa-.

Por ejemplo, debía saber la ministra -así consta en la guía oficial de expedientes de su cartera- que hacia el mes de mayo de 2006 el expediente de liquidación de la deuda de con los Greco estaba en la Secretaría Legal y Administrativa que comanda una mujer de confianza de la ministra, Estela Palomeque.

  • Proyecto de ley

    De allí pasó a la Dirección de Administración de Deuda Pública, encabezada por Jorge Amado, y específicamente a la Coordinación de Area de Liquidación de Deuda Consolidada, desde donde salió la orden de pago. Finalmente, los distintos expedientes terminaron agregándose hacia el 26 de mayo de 2006 al principal y de allí partió a integrar el proyecto de ley que finalmente fue al Congreso pidiendo un incremento en la autorización de emisión de deuda por $ 1.300 millones, pero que naufragó en medio del escándalo.

    Algunos funcionarios de Economía recuerdan que por esos días se veía a los abogados de las familias Greco-Bassil -ex integrantes y herederos del grupo intervenido en 1980 por la dictadura militar- caminando los pasillos del ministerio en busca de una respuesta al pago de esa sentencia que la Justicia había ordenado y el Estado aún no cancelaba. Otro dato que abona el conocimiento de la situación que tenían los funcionarios es que ningún proyecto de ley, como el que el gobierno envió al Congreso a fin de año pasado para emitir los bonos de cancelación pasa por las oficinas respectivas sin que quede inicialado por cada funcionario interviniente y termina con la firma del ministro de Economía antes de pasar a la Jefatura de Gabinete.

    La discusión y el escándalo que produjo el caso Greco en el Senado no giran ya sólo sobre si corresponde cancelar la totalidad de la deuda reclamada -la Auditoría argumenta que no queda claro si en el monto final se tuvieron en cuenta tanto los débitos como los créditos que incluía el convenio de compensación por las empresas expropiadas firmado entre el Estado y los Greco durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el que no fue cumplido y originó el juicio-, sino también sobre la responsabilidadde los abogados del Estado que no apelaron en tiempo y forma y la curiosa actitud del Ministerio de Economía que no aclaró ante el Senado de qué se trataba el pago.

    En la UCR se sostiene que los integrantes del grupo mantenían deudas impositivas y previsionales que fueron incluidas en el acuerdo por el que se les restituyeron entonces 10 empresas y cedieron al Estado 35 inmuebles y empresas para cancelar las obligaciones fiscales: «Existió un informe donde dice que la deuda era de $ 135 millones, y cuando llegó al Congreso estábamos emitiendo bonos para pagarla por casi $ 600 millones», dicen en el Senado.
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