La UE se endurece con calificadoras: podrá exigirles indemnizaciones

Las agencias sólo podrán evaluar a los Estados de la UE en determinadas fechas.

Las agencias de rating como Moody's, Fitch o Standard & Poor's trabajarán bajo condiciones más escritas en la Unión Europea (UE), donde se les podrá pedir responsabilidades y compensaciones ante los tribunales por graves fallos a la hora de realizar calificaciones.

Los ministros de la UE decidieron en Bruselas que se les podrá exigir indemnizaciones en el caso de pérdidas derivadas de calificaciones erróneas a empresas o Estados, ya sea por errores intencionados o por un trabajo negligente.

Además, las agencias sólo podrán evaluar a los Estados de la UE en determinadas fechas. La UE limitará el anuncio de notas sobre sus Estados a tres citas al año fijadas con anterioridad.

Con el anuncio de hoy, la reforma en las condiciones de trabajo de las agencias en la UE se da por hecho, ya que la decisión ministerial era el último paso necesario después de que el Parlamento, la Comisión europea y los Estados miembro acordaran medidas similares hace meses.

Las nuevas condiciones se publicarán ahora en el boletín oficial de la UE y entrarán en vigor 20 días después, según fuentes diplomáticas.

La UE reacciona así a lo ocurrido durante la crisis, cuando algunas agencias de rating fueron acusadas de rebajar la nota de algunos países en momentos especialmente sensibles de la crisis del euro y así contribuir a su agudización.

Además, para garantizar la independencia de esas agencias, la UE limita, por ejemplo, la participación de un inversor en varias agencias o al revés, la de una agencia en una determinada empresa a la que evalúa. Y también ordena que los productos financieros de alto riesgo cambien tras algunos años la agencia de rating que los evalúa.

Pese a todo, las normas que la UE quería imponer se vieron debilitadas en el marco de las negociaciones.

Este martes, durante una reunión con todos los socios de la UE, los ministros analizarán un plan para luchar contra la evasión fiscal y el secreto bancario.

La presión para luchar contra ese problema, que cuesta al continente un billón de euros cada año (el PIB de España), crece a diario. Los países del G-7 se mostraron "absolutamente decididos a hacer avances" sobre el asunto definido como "prioridad" por la presidencia británica del grupo que reúne a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón.

El "momentum" creció tras la divulgación de los 'Offshoreleaks', una filtración masiva de millones de archivos, con cuentas y documentos de 120.000 empresas pantalla y fiduciarias registradas en paraísos fiscales (Islas Vírgenes, Cook, Bermudas y otros lugares).

Hubo algunos resultados: Bermudas y otros territorios británicos de ultramar, considerados paraísos fiscales, firmaron acuerdos para compartir información con el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España.

Luxemburgo anunció que levantará parcialmente su secreto bancario el 1 de enero de 2015. Ahora sólo queda convencer a Austria, que de momento se resiste, y a Suiza, que de ningún modo quiere perder su secreto bancario.