Lavagna esquiva posibles embargos de las AFJP

Ministerio de Economía retiró del Banco Central los fondos del impuesto al cheque por temor a un embargo de las AFJP. Esa recaudación es el aval que durante la gestión de Fernando de la Rúa se otorgó a las AFJP para cubrirse de un eventual impago del préstamo garantizado que le dieron.

Roberto Lavagna hizo una consulta con los abogados y aunque no había brechas legales, decidió llevarse la mayoría de los fondos, dejando un pequeño porcentaje para atender eventuales embargos.

En tanto, en el gobierno avanza la idea de reestatizar la jubilación, ante la negativa de las AFJP de entregarle entre 2004 y 2018 como préstamo la mitad de los aportes que reciben.

Ayer, el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, habló de una «reforma estructural» del sistema jubilatorio. Conte Grand es el impulsor de un proyecto estatizador que en marzo puede ir al Congreso para convertirse en ley.

El vocero presidencial, Miguel Núñez, coincidió en que «hay que revisar a fondo el sistema de las AFJP, que durante casi una década lo único que hizo fue quedarse con los ahorros de la gente y con grandes comisiones por la prestación de un servicio que, hasta ahora, no ha demostrado su beneficio para los jubilados». «Es hora de rediscutir cómo funciona este sector», agregó.

Horacio Canestri, titular de la Unión de AFJP, dijo que no habrá «riesgo» para los trabajadores próximos a jubilarse porque para la edad promedio, de entre 28 y 40 años, hay por delante «25 años como mínimo para la administración» de sus aportes.

Canestri explicó que para quienes tienen entre 45 y 50 años «puede haber una pequeña o cierta afectación», aunque «significativamente menor que lo que se está comentando» en la prensa.

La UAFJP pidió una entrevista con Lavagna, pero en el gobierno rechazan cualquier tipo de encuentro por este tema, como parece ser tradicional en el «estilo K» cuando se trata de empresarios.

Las AFJP administran en la actualidad fondos que corresponden a 9,3 millones de afiliados, por $ 43.928 millones y de ese total, 66,35% (28.948 millones) son bonos que están en default.

Elena Mitjans, legisladora de la Ciudad por el partido Demócrata y especialista en temas previsionales, se preguntó: «¿Cómo? ¿Nuestros ahorros están equiparados a las inversiones de los italianos y japoneses?». Mitjans recordó que el artículo 91 de la Ley 24.241 establece que «la jubilación ordinaria en el régimen de capitalización se financiará exclusivamente con el saldo acumulado en la cuenta del afiliado».

Según la legisladora, los aportantes deben tener «un trato especial teniendo en cuenta, nada más y nada menos que pertenecen a los argentinos, con el destino exclusivo de su futura jubilación». Por eso propone que los nuevos títulos que les den a las AFJP «deben contener una garantía cierta de cobro -como tenían los préstamos garantizados con el impuesto al cheque-porque de nada servirá otro nuevo canje por un título a largo plazo si nada asegura su cumplimiento dentro de 20 o 30 años».

A medida que avanza, la disputa se complica. Empezaron los envíos de cartas documento y la amenaza de juicios cruzados. La Asociación Civil Defensa Ciudadana intimó a las AFJP y al Estado en representación de aportantes. La ONG ya pidió la declaración de inconstitucionalidad de la pesificación de la deuda del Estado con las AFJP. Ahora intimó al gobierno a que se abstenga de echar mano a los futuros aportes.

Fabián Bergenfeld, presidente de la Asociación, dice que no se puede hablar de equidad entre todos los tenedores de bonos porque los aportantes de AFJP ya sufrieron una quita de los intereses cuando se negoció el préstamo garantizado. Además, su dinero fue invertido en forma compulsiva en estos bonos y no voluntaria como lo hicieron los extranjeros.

La única AFJP que aceptó la pesificación a 1,40 más CER es la del Banco Nación.