"Ley ómnibus": busca crear dos organismos clave para el libre comercio

El Gobierno propuso mediante un proyecto de Ley una reforma integral del Estado y una flexibilización radicalizada del régimen económico. Bajo esa premisa, buscan añadir nuevas funciones de control sobre el libre comercio y al mismo tiempo quitar momentáneamente el peso del Estado sobre aspectos sociales, como la fórmula de movilidad.

Son 664 artículos y nueve títulos con los que el presidente Javier Milei planea un cambio radicalizado del funcionamiento del Estado. 

El proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso, denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” incluye la creación de nuevas facultades estatales y la eliminación de otras: por un lado, propone la implementación de la Agencia de Mercados y Competencia y el Tribunal de Defensa a la Competencia. Por el otro, la eliminación de la ley de movilidad para aplicar aumentos discrecionales en los haberes previsionales.

Son 664 artículos y nueve títulos con los que el presidente Javier Milei planea un cambio radicalizado del funcionamiento del Estado y la desregulación de la economía. En el documento de 351 páginas el criterio rector para los cambios de impacto económico es el libre mercado.

Para tal fin, el Ejecutivo propone la creación de dos organismos competentes para garantizar su funcionamiento. En ese contexto, el Capítulo III del Anexo III - Ley de defensa de la competencia -, propone la creación de la Agencia de Mercados y Competencia como ente descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Su objetivo será “preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en beneficio del interés económico general con todos los mercados y sectores económicos.” Mantendría un secretario a cargo por un lapso de cinco años, con posibilidad de ser reelegido por única vez.

Dentro de las principales funciones que se le atribuirían a la Agencia tiene que ver con recibir denuncias y proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las imputaciones que pudieren corresponder como conclusión del sumario y solicitar la imposición de sanciones. También se prevé impugnar ante el tribunal competente toda normativa que atente contra la competencia en los mercados. Mantendría diálogo con el PEN cuando el organismo entienda que un proyecto de ley incumpla con los principios de libre competencia, o cuando corresponda por el mismo motivo la modificación o derogación de alguna ley. Por último, podrá realizar estudios de mercado y emitir recomendaciones “pro-competitivas”, generales o sectoriales.

Tribunal de Defensa de la Competencia

Vinculado estrechamente a este organismo se instituiría el Tribunal de Defensa a la Competencia, un organismo ya avalado en 1999 por la Ley 25.156, pero reflotado bajo esta administración. Su composición se formaría a través de cinco miembros, de los cuales dos por lo menos deberán ser abogados y otros dos licenciados en economía, magíster en economía o doctor en economía. A su vez, se sumarían quince miembros externos, residentes o extranjeros. Entre otros puntos, los objetivo del organismo, según el proyecto de Ley, serán la imposición de sanciones establecidas en el proyecto, así como también eximir o reducirlas, resolver sobre imputaciones provenientes de la Agencia de Mercados y Competencia, admitiendo o denegando las pruebas ofrecidas por la institución. A su vez, por solicitud exclusiva de la empresa notificante, podrá resolver el recurso de revisión cuando una operación de “concentración económica” hubiere sido condicionada o prohibida por la misma Agencia.

Para Federico Machado, economista miembro del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), la creación de estas dos instituciones “parece, en principio, la constitución de dos espacios hechos a medida de nombres ya definidos” por los requisitos planteados para ocupar a sus titulares, como dos carreras universitarias o “inauditas condiciones, como la solvencia moral”. A nivel conceptual, apunta a la libre competencia mediante “la derogación de reglamentación que pudiera significar obstáculo a la competencia”. En ese sentido, destaca que la defensa de la competencia “es una función necesaria del Estado, en tanto la teoría y evidencia empírica demuestra que en sus cuatro siglos de expansión, el capitalismo tiende a la concentración económica, no a la competencia”. Bajo esa lógica, para Machado, resta saber si estas instituciones “actuarán en contra de los oligopolios actualmente existentes en la economía argentina, como el caso del acuerdo colusivo entre las empresas de medicina prepaga”, que acordaron aumentos del 40% la semana pasada.

Por otro lado, el proyecto de Ley plantea la derogación de otras aplicaciones del Estado, como la fórmula de movilidad actual y dispone de una fórmula automática de ajuste de las prestaciones previsionales “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. Mientras tanto, el Gobierno realizará incrementos periódicos “atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. Según el Ministerio de Economía, las jubilaciones y pensiones sufrirán un recorte del 0,4% del PBI. “Si buscan mejorar el haber a los jubilados, no hace falta eliminar ni cambiar la ley: solo con un decreto se le añade un incremento extraordinario. Todo indica que van a buscar licuar las jubilaciones, que la inflación haga su trabajo”, concluye Juan Balasini, especialista previsional.