La palabra populismo vuelve a estar hoy presente en la Argentina, en la prensa, entre los analistas políticos. Pocos saben exactamente qué quiere decir, aunque está claro que tiene un tinte negativo. Quizá lo que mejor representa la idea de políticas populistas es que son «pan para hoy, hambre para mañana». De esto exactamente se trata cuando nuestro Congreso propone un proyecto de eliminar el CER para préstamos y contratos.
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En el pasado, sistemáticamente ilustré mi punto sobre el populismo con el ejemplo del congelamiento de alquileres en la Argentina, que para proteger a los inquilinos limitaba la actualización del valor de los alquileres, justamente cuando el país era asolado por altas tasas de inflación. En el corto plazo, los inquilinos se beneficiaron pagando alquileres cada vez más baratos. Fueron muy felices y leales al gobierno que les concedió graciosamente ese beneficio a cargo de los propietarios. El cuadro muestra el atraso de los precios de los alquileres respecto del índice general en el período 1950-1965, hasta que finalmente se pagó el costo político y se recuperaron parcialmente en la segunda mitad de los '60. Después de la alegría inicial de los inquilinos, ¿qué sucedió? Con los años se destruyó el mercado de la vivienda en el país, iniciándose el famoso «déficit habitacional».
Habiendo eliminado el CER para créditos hipotecarios de vivienda única y otros préstamos menores, ahora se extiende a los créditos comerciales menores a $ 500.000, a favor de algún índice que refleje la suba de salarios o de nada.
Es «de estricta justicia», había dicho el diputado salteño Juan Urtubey en marzo pasado, cuando todo este movimiento comenzó. Y es verdad, parece justo que se actualice el pago de créditos de acuerdo con una variable que expresa la evolución de los ingresos. Como contrapartida, los bancos verán caer el valor de sus rentas si los salarios reales caen. Por ahora, protestarán y soportarán la pérdida porque lo establecerá una ley nacional. Quizá sean compensados con un bono del Estado que valga poco y nada, y que en definitiva pagaremos todos a través de los impuestos. Hacia el futuro, sin embargo, en lugar de otorgar créditos hipotecarios, optarán por otras inversiones o cargarán tasas de interés altísimas para los nuevos créditos hipotecarios, si es que los hay. ¿Quiénes sufrirán más con un mercado inmobiliario de esas características? No hay duda que los compradores potenciales de inmuebles de menores recursos, a los que se quiere proteger con medidas de «estricta justicia». Como demuestra la historia argentina, las cosas no funcionan así. Tenemos nuestra historia de décadas recientes cargada de leyes y regulaciones creadas para «proteger al pueblo», y todas terminaron con felicidad momentánea y mayor pobreza de largo plazo.
A todos nos desespera la situación de los que menos tienen, pero flaco favor les harían los legisladores si empiezan a dictar «leyes mágicas» que pretenden determinar, con su mera sanción, que los problemas sociales no existen más, y generen un pasivo enorme hacia el futuro. En definitiva, la única justicia social verdadera es la sostenible en el largo plazo con transparente asignación de costos y beneficios; el resto es populismo.
(*) Investigador del IERAL de Fundación Mediterránea
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