Los argentinos tenemos un gran talento para encontrarles problemas a las soluciones. Nadie discute que es una obligación social dar amparo a aquellos compatriotas que han quedado excluidos del sistema social y, por lo tanto, condenados a la miseria, y sus hijos amenazados por el retardo mental.
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De allí que el sistema de los planes Jefas y Jefes de Hogar, pésimamente llamados «trabajar», aparecieron como una bienintencionada solución durante el gobierno del Dr. Duhalde. Pero su implementación fue equivocada o, mejor dicho, aprovechada con otros fines a los propuestos, pues su distribución, en vez de estar organizadamente a cargo del Estado o, mejor, de ONG de garantizada probidad, corrió por cuenta, en una gran proporción, de políticos y punteros barriales. Ello garantizó, en forma decisiva, el «que se queden todos» que llevó a la renovación, excepto el de Tierra del Fuego, de todos los gobernadores que se presentaron a su reelección. Lo mismo sucedió con muchos de los intendentes.
El presidente Kirchner, quien ha demostrado energía en su esfuerzo por ordenar el desquicio nacional, deberá estar atento a las consecuencias psicológicas (¿acaso la psicología social no es una vertiente que los gobernantes deben tener en cuenta?) en quienes no reciben dichos planes y son esforzados trabajadores con ingresos magros, es decir, la inmensa mayoría de argentinas y argentinos, lo que puede transformarse en una creciente y sorda masa de desánimo que puede explotar en ira.
Un ejemplo: hace pocos días, un taximetrero me comenta las dificultades de su trabajo, las fatigosas trece o catorce horas de trabajo que le permiten redondear una suma de apenas subsistencia, las dificultades del tránsito de Buenos Aires por los cortes de calles. Entonces me cuenta que su vecino alardea ante él de haber conseguido planes «trabajar» para él, para su esposa, para tres de sus hijos varones y para dos de sus hijas mujeres, además de dos yernos. Le cuenta también sus «obligaciones»: concurrir con toda su familia a las concentraciones piqueteras, presentar un certificado médico en caso de ausencia, estar atento a que tres faltas significan la pérdida del plan.
El conductor del taxi concluyó que su vecino gana más que él sin tener que deslomarse, como es su caso, y me confesó que ello le produce rabia por lo arbitrario e injusto, pero sobre todo mucho desánimo («siempre fui un idiota que creyó en el valor del laburo», se autorreprochó).
Es posible que el taximetrero haya exagerado, o quizá repetido algo que escuchó -reconozcamos que lo más probable es que sea dolorosamente cierto- pero aún en ese caso, el hecho de que el relato tenga altas dosis de verosimilitud disuelve el límite entre lo verdadero, lo exagerado y lo falso, y en cambio proyecta la rabia y el desánimo hacia el primer plano. Todos conocemos casos y hemos escuchado versiones escandalosas sobre afortunados que mensualmente cobran varios planes «trabajar» (frecuentemente dejando un porcentaje en manos de quienes los han obtenido en su nombre).
Hablamos de la rabia y el desánimo sumados de muchos millones que se sienten perjudicados por un sistema asistencial que parece, hoy, haber sido creado más para premiar la astucia que para proteger la indigencia. Porque para acreditarse uno de esos planes se le pide al indigente que demuestre serlo y además tener la picardía de hacerse útil a algún puntero político, sobre todo a algún funcionario con ansias de continuar en su cargo. Ello, es obvio, denigra y a la larga envilece a quien recibe lo que, estúpida o provocativamente, se ha dado en llamar plan «trabajar», programa del que parecen haberse adueñado aquellos a quienes, no hace mucho, se les reclamaba «que se fueran todos».
• Culpables
Es claro que estas líneas no apuntan a criticar una acción estatal de asistencia a los marginados sino a su implementación perversa, que desvía importantes caudales públicos que deberían tener mejor destino. Los principales culpables de ello no son los piqueteros ni sus dirigentes, pues éstos han entrado en el juego que se les propone: chantajear con cortes de calles y otras perturbaciones para lograr «planes» a cambio de ponerse a disposición de proyectos políticos personales. Y si cometen el exceso de bloquear a un ministro es porque algunos no perciben (no es fácil hacerlo) la diferencia entre eso y bloquear a un trabajador que se dirige a su trabajo. A nadie escapa, además, que el adecentamiento y ordenamiento del plan terminará con los cortes de rutas y calles pues el chantaje organizado con la anuencia de quienes todos conocemos dejará de ser la vía de obtenerlos.
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