Brasilia (ANSA, ASN) - El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enviará al Congreso un proyecto de ley que castiga con 4 años de prisión y multa la divulgación de grabaciones telefónicas y el uso de cámaras ocultas por parte de los periodistas.
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Según informó ayer el sitio on line del diario «Folha de Sao Paulo», el gobierno responde así al clima de conmoción pública creado por un caso de espionaje a colaboradores de primer nivel del presidente por parte de la empresa privada internacional Kroll Associates. En ese sentido, se informó que la Justicia ordenó la detención del principal funcionario de esa compañía en Brasil.
Kroll fue contratada por la empresa de telefonía fija Brasil Telecom para investigar a otra compañía, Telecom Italia, pero el caso de espionaje terminó rebasando las fronteras empresariales y afectando al secretario de Comunicación, Luiz Gushiken, y al titular del Banco do Brasil, Cassio Casseb, entre otros importantes funcionarios.
En ese marco, según «Folha», el gobierno enviará el próximo mes al Congreso un proyecto de ley para limitar la práctica, muy difundida en Brasil, de grabar conversaciones telefónicas. De acuerdo con ese proyecto, las grabaciones de conversaciones personales sólo tendrán valor legal cuando todas las partes involucradas estén de acuerdo.
• Sanciones
Si una persona divulga el contenido de una grabación obtenida sin que su interlocutor estuviera de acuerdo podrá ser sancionado con hasta tres años de prisión más una multa.
Por otro lado, las grabaciones pedidas por la policía y el Ministerio Público Federal en el marco de investigaciones judiciales deberán ser autorizadas por la Justicia, como ocurre ahora.
Pero el proyecto prevé cambios drásticos en la difusión periodística del contenido de esas grabaciones, que pasa a ser estrictamente prohibido para preservar la imagen de los involucrados y la eficacia de las investigaciones. De esta manera, los periodistas que divulguen el contenido de grabaciones telefónicas podrán ser sancionados con una pena de hasta cuatro años de prisión más una multa.
El proyecto ya levantó quejas por parte de especialistas y jueces. Por ejemplo, el director ejecutivo de la ONG Transparencia Brasil, Claudio Abramo, dijo que «se trata de un cercenamiento a la libertad de información». Para el titular de la Orden de Abogados de Brasil, Cézar Britto, «el gobierno se equivoca cuando castiga todo tipo de divulgación de esas grabaciones porque en algunos casos el silencio puede beneficiar al infractor».
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