Según se conoció ayer, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires acumulan una deuda de $ 70 millones con las distribuidoras de electricidad Edenor, Edesur y Edelap, generada por la energía suministrada en los últimos cuatro años a unas 200.000 familias que viven en villas de emergencia ubicadas en el conurbano bonaerense.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Esta deuda se suma al hurtode energía que tuvo un repunte luego de la crisis de 2002 y que hoy todavía se ubica por encima del nivel alcanzado antes de la devaluación: entre 12% y 14%, según la distribuidora.
Cuando se privatizó SEGBA, el robo era cercano a 20%, y las privatizadas lo redujeron en dos o tres años de gestión a 10%. En cuanto a las villas de emergencia, en Capital Federal el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires paga el servicio con regularidad, pero el problema para el cobro de la energía se registra en el conurbano.
• Obligación
Por un acuerdo firmado en 1994, el Estado nacional y el provincial se obligaron a pagar el consumo de los medidores comunitarios de cada asentamiento hasta que la urbanización encarada por los gobiernos permitiera el tendido de redes eléctricas regulares. El esquema funcionó hasta 2001 cuando las dificultades presupuestarias derivaron en la suspensión del pago.
Después en 2002 venció el acuerdo original y recién en octubre de 2003 se firmó un nuevo convenio, pero éste no entró todavía en vigencia.
El acuerdo fue refrendado por el gobierno nacional por un decreto de enero de este año. La decisión habría sido finalmente impulsada por la necesidad de llegar a un acuerdo con las privatizadas eléctricas, ya que la primera acta de entendimiento que se firmó fue con Edelap, y ésta negoció que la regularización del pago del servicio en barrios marginales se incluyera en el documento.
Dejá tu comentario