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Giustiniani fundamentó su proyecto en que si el Congreso de la Nación «no aprueba una ley marco antes de licitar las concesiones de peajes, el gobierno puede tropezar con la misma piedra que castiga a millones de argentinos desde la década de los noventa». «Es imprescindible que el Estado restablezca su actividad regulatoria para garantizar la prestación del servicio público, teniendo como principal objetivo el bienestar de los ciudadanos y los bienes del Estado, cuidando la seguridad y el uso generalizado de la red vial nacional sobre la base de tarifas de peajes equitativas y razonables», sostuvo el legislador socialista.
De acuerdo con el texto, el proyecto tiene por objetivo regular la prestación y el control de las concesiones viales por peaje y las relaciones entre el Estado nacional, las empresas concesionarias y los usuarios, estableciendo sus obligaciones, derechos y facultades.
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