Las empresas de medicina prepaga, un sector que tiene tres millones de afiliados, se comprometieron hoy a dar marcha atrás con el aumento de cuotas, mientras que el Gobierno espera enviar en septiembre próximo un proyecto de ley de marco regulatorio para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario.
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En el caso de los afiliados que ya hayan pagado el incremento, las empresas se lo devolverán el mes próximo, según informó un vocero de la secretaría de Comercio Interior.
Al acuerdo se arribó tras gestiones realizadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con representantes de las empresas nucleadas en distintas cámaras, como ADEMP (pymes) y CIMARA (grandes).
En rigor, una sola empresa de medicina prepaga ya había aumentado, pero otras tenían cartas listas anunciando a los afiliados los aumentos, que por ahora serían dejados sin efecto.
A cambio, se espera que desde el gobierno se avance con algunas mejoras impositivas para el sector y un marco regulatorio que facilite su funcionamiento, confiaron desde el sector privado.
Varias prepagas habían adelantado que preparaban ajustes de hasta el 10 por ciento a raíz del incremento en sus costos.
El proyecto oficial para regular el servicio que presta la medicina prepaga avanza hacia su tratamiento en el Congreso.
Antes de llegar a esa instancia, el Gobierno quiere obtener el apoyo de las compañías y cámaras empresariales del rubro.
Según estimó el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, en los próximos 15 días "se estará llegando a un acuerdo con las cámaras y empresas del sector" para impulsar un proyecto de regulación de la medicina privada, iniciativa en la cual se trabaja desde febrero, agregó.
"Hemos hecho el contacto con las principales cámaras que nuclean a las empresas del sector y estamos llegando a un acuerdo global para una solución definitiva para que no existan las letras chicas en los contratos, carencias ni preexistencias, y darle al usuario todas las garantías que el Estado le debe dar", indicó el funcionario.
El funcionario explicó, en diálogo con radio Continental, que los contratos que se firman actualmente entre los usuarios y las empresas están sujetos a "cláusulas de letra muy chiquita", algo que les permite a las compañías "decir si tal o cual enfermedad la tenían antes de suscribir el plan; y de cambiar y modificar los planes sin consulta con el usuario".
"Todo este tipo de cosas estarán previstas en el proyecto, para que no haya ningún tipo de sorpresas y se integren al sistema de salud como empresas prestadoras de un servicio médico asistencial", afirmó.
En tanto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Patricia Vaca Narvaja, consideró que el mercado de la medicina prepaga debe ser regulado, para evitar que los precios de este servicio se incrementen sólo cuando así lo quieran las empresas.
Según la legisladora, la medicina prepaga "no tiene un marco regulatorio que lo fiscalice, como tienen muchas otras actividades. Durante muchos años se intentó regular esta actividad, pero no se ha podido".
Además, enfatizó que las prepagas "tienen que entender que no están aisladas de la sociedad, y que por eso deben evaluar cómo contribuyen a evitar que no suban los precios".
"Por eso ahora, en Diputados, hemos presentado una propuesta de marco regulatorio, consensuada con la Superintendencia de Servicios de Salud, para dar mayor seguridad a este sistema, que todos los años trae problemas", señaló Vaca Narvaja.
En declaraciones radiales, la diputada oficialista explicó que en su propuesta "planteamos que quienes van a intervenir en la fiscalización de las prepagas serán la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y la Superintendencia de Servicios de Salud".
A su criterio, "hay que terminar con aquellas empresas que aparecen por muy poquito tiempo, y cuando se van dejan un tendal de damnificados".
"Por eso, no va a poder ser que cualquiera pueda prestar un servicio de medicina prepaga, porque a partir de este proyecto los interesados deberán cumplir numerosos requisitos", explicó.
Vaca Narvaja señaló, además, que "en nuestra propuesta se contempla la constitución de una comisión permanente del Estado Nacional, que analice la cuestión de las cuotas y los costos de estas empresas".
Antes del acuerdo con las prepagas, el gobierno había recomendado a los afiliados a las empresas de medicina prepaga no pagar los aumentos que recibieran.
