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7 de agosto 2008 - 00:00

Nadie investiga, dice la oposición

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El escándalo por los supuestos sobornos en el contrato con la alemana Siemens, para la confección de los DNI durante el gobierno de Carlos Menem, curiosamente no incluyó hasta esta semana para los medios locales otro tramo de esa pesquisa judicial que se sigue en la Justicia alemana y que involucra a uno de los ex ejecutivos top de la empresa, Uriel Sharef, y la compra para la Argentina de las turbinas de gas para las centrales térmicas de Timbúes y Campana que el gobierno lleva adelante. Esa investigación comenzó en abril de este año, tal como informó en su momento Ambito Financiero, y hasta generó un pedido de informes por parte del radicalismo en el Senado.

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De hecho, ayer, el jujeño Gerardo Morales lo recordó: «Tal como lo advertimos el pasado 5 de mayo, se produjo la adjudicación a Siemens de un multimillonario contrato para la construcción de dos turbinas eléctricas a pesar de que su oferta no resultaba ser la más conveniente para el Estado nacional desde el punto de vista económico-financiero».

En ese momento el radicalismo pidió que se instruyera al procurador del Tesoro «para que a través de los letrados correspondientes, se plantee en forma inmediata las acciones judiciales pertinentes, con el fin de llevar adelante una exhaustiva investigación en el marco de los hechos de corrupción que involucren a nuestro país».

En su edición de ayer el portal Urgente 24 hizo una reseña de esa relación entre Siemens y la Argentina de los Kirchner. Allí se recuerda el entusiasmo de Néstor Kirchner el miércoles 11 de agosto de 2004 cuando asistió a la reapertura del Centro de Servicios de Siemens en San Martín.

  • El informe recuerda que «en 1999 cuando Alemania prohibió sobornar funcionarios de empresas extranjeras. Entre los afectados por esa decisión estaba Siemens, acostumbrada a ganar contactos en el exterior con el doping financiero de los sobornos. La empresa quedó ante una encrucijada: o desmontaba el sistema (para lo cual tendrían que rodar cabezas) o lo hundía en la clandestinidad. Todo indica que, interesado en mantener su imagen, Siemens se inclinó por esta última opción. Los sobornos siguieron fluyendo por el mundo entero».

  • La segunda etapa del escándalo que involucra a la Argentina comenzó en realidad en abril de este año. El día 21 de ese mes la alemana Der Spiegel no sólo hablaba de los supuestos sobornos durante los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Duhalde para garantizar, primero, el contrato de confección de los DNI y, después, de su continuación, sino también de otra investigación en marcha sobre «un acuerdo de negocios en la Argentina que amenazaba en convertirse en un desastre para Uriel Sharef», el ex encargado de la división de generación de energía de Siemens y luego vicepresidente a cargo de los negociosde la empresa en Sudamérica, destituido por la empresa alemana en medio de las acusaciones de soborno en la última purga de su directorio.

    ¿Qué tenía que ver por entonces Sharef con el contrato de los DNI? Aparentemente nada. La participación del israelí de 65 años en la relación con la Argentina arrancó con la negociación por la compra de las cuatro turbinas de gas destinadas a las usinas de Timbúes en Santa Fe y de Campana, en la provincia de Buenos Aires. Son las que el gobierno construyó con el fondo fiduciario que se alimentó de la deuda que por diferencia de tarifas el gobierno mantenía con las generadoras de energía.

    Son ya conocidas las fotos de Julio De Vido junto a Sharef en Alemania inspeccionando una de las turbinas que serían enviadas a la Argentina. Pero Sharef cumplió también con otras tareas más cercanas a los Kirchner. Fue quien acompañó a Cristina de Kirchner por la planta de construcción de turbinas en Berlín durante su visita a ese país que incluyó la escala en Siemens para observar las famosas turbinas.

    Hasta ahora, el abogado de Sharef negó que estuviera relacionado con cualquier escándalo de sobornos y el mismo ex ejecutivo dijo en Alemania que nunca había sido informado de pagos irregulares. Hoy está siendo investigado por la fiscalía de Munich por los contratos firmados en su área.

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