«No tenemos constancia alguna de que -según informaron este fin de semana dos diarios alemanes- la empresa haya efectuado pagos ilegales a funcionarios argentinos a fines de 2003. Se trata de la declaración de un testigo en una de las causas que investiga la Justicia alemana respecto del supuesto pago de sobornos por funcionarios de la empresa, pero hasta ahora no tenemos constancia de que el testigo haya declarado lo que afirman esas publicaciones. Y tampoco nos consta que -en caso de que se hubieran efectuado esos pagos ilegales- tengan relación con la compra de dos turbinas fabricadas por nuestro grupo y a ser instaladas en la Argentina.»
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En diálogo con este diario, un vocero de Siemens Argentina fijó la posición oficial del grupo alemán respecto del supuesto pago de «coimas» durante la administración de Néstor Kirchner. Confirmó, en cambio, que el funcionario de Siemens acusado en el escándalo -de nombre Uriel Sharef- compartió viajes a Alemania con Néstor y Cristina Kirchner (por entonces presidente de la Nación y senadora, respectivamente) y con el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Las denuncias fueron reflotadas ayer por la prensa argentina,-que citó a diarios alemanes- como fuente de un presunto pago por Sharef de 4,7 millones de dólares o euros -difieren-a funcionarios argentinos. Los fondos habrían sido «canalizados» a través de una empresa con sede en Suiza, pero el desembolso no habría podido ser justificado por el acusado.
Usinas
El gobierno ha mantenido relación con Siemens -al punto de encargarle dos usinas a pesar de que la oferta de los alemanes era la más alta, y sólo exhibían la ventaja de ser los que más rápido las entregarían- a pesar de que el ahora investigado holding mantiene un juicio en el CIADI contra el Estado argentino por el «caso DNI y pasaportes».
En sentido inverso, a los españoles de Gas Natural -que por estas horas debieron venderle 20% de su controlada argentina Gas Natural BAN al grupo «filo-K» Chema- les impusieron «bajarse» de una causa en ese tribunal internacional por incumplimiento del contrato de concesión como requisito para aceptar renegociar su cuadro tarifario (es la única distribuidora de gas a la que le permitieron un aumento desde 2002). También pude mencionarse el caso del francés Grupo Suez, al que le renacionalizaron Aguas Argentinas.
A Sharef, por ahora, la fiscalía de Munich lo investiga por presunta «negligencia grave»; sin embargo, a la luz de nuevos testimonios, este ejecutivo podría ser imputado de delitos mucho más graves. Las «hazañas» de Sharef no se limitarían a la Argentina: el ejecutivo es investigado por un presunto «desvío» 1,5 millón de euros en conexión al subterráneo de la venezolana Maracaibo.
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