Nuevo gobierno deberá hacer ajustes por $ 9.000 millones

Para Pablo Guidotti, el próximo gobierno se verá obligado a efectuar un esfuerzo fiscal histórico para llevar de 9.000 millones a 18.000 millones el superávit primario (antes del pago de intereses). El economista aseguró que la herencia que recibirá quien gane las próximas elecciones «es impresionante», mencionando como problemas esenciales el pago de la deuda (la existente al momento del default y la nueva), la reforma del sistema bancario y la relación con las empresas privatizadas. Guidotti, ex viceministro de Economía en la gestión de Roque Fernández y ahora a cargo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, detalló cuáles son los pasos que deberían darse para apurar la salida de la crisis. Este fue el diálogo mantenido con el economista: Periodista: ¿Cómo ve que se está manejando el gobierno con la deuda? Se designó a un banco ya pero crecen las demandas en el exterior contra la Argentina. Pablo Guidotti: Lo que se licitó es una asesoría y no renegociación o reestructuración de la deuda. Como esta licitación tenía muchas restricciones, entonces calificó una firma con poca representatividad en el mercado de capitales. ¿Para qué es importante un banco para renegociar la deuda? Para llegar a la base de inversores que tienen títulos argentinos. Lazard Frères (banco designado como asesor) no tiene ese alcance, pero se lo contrata sólo como asesor. Ahora, ¿para qué un asesor? Con el equipo técnico (en relación a la planta permanente de funcionarios) que existe en la Secretaría de Finanzas, como el que lidera Federico Molina, no se necesita un asesor. Con el banco que se designe luego para la reestructuración, el gobierno debe definir qué bonos se ofrecen a cambio de los que están defaulteados y todo con el objetivo de armar las mayorías necesarias para que se presenten y sean aprobados por los acreedores. La pregunta entonces es, de vuelta, ¿para qué se licitó a un banco asesor, si en realidad la tarea principal la hará el próximo gobierno? Creo que quisieron dar una señal de que se estaban moviendo para evitar que avancen los juicios. Dado, entonces, que el proceso lo hará el próximo gobierno creo que se hizo un uso innecesario de los recursos. P.: ¿Podrá pagar la deuda nueva el próximo gobierno? P.G.: Ahora están difundidos en forma oficial los números del stock de deuda actualizado. El stock de deuda pasó de 50-54% del PBI al momento del default, a 150% aproximadamente en la actualidad. Eso de por sí anticipa un proceso difícil de por sí en la renegociación de la deuda con fuertes quitas o reducciones en el valor presente de la deuda. Pero lo complicado es que se asumieron compromisos de pago de la nueva deuda. Es la que incluye a organismos internacionales (20% del PBI), los Préstamos Garantizados, BODEN, la nacionalización de la deuda provincial... Entonces, aun con quitas fenomenales dudaría de la sustentabilidad futura y de la capacidad de pago de la nueva deuda. Otra complicación es el tratamiento inequitativo entre inversores. Por ejemplo, el pago del Bono del Tesoro pesificado y que ajusta según el CER frente a los bonos Global que irán a la reestructuración cuando en teoría los tenedores son iguales. Entonces estas inequidades van a complicar capacidad de consenso que pueda obtener el Estado de los inversores o acreedores. Rusia y Ecuador tras entrar en default ofrecieron un canje de deuda, los que fueron voluntarios y hay que convencer a los inversores a que adhieran a los mismos. Los acreedores quieren dos cosas: que se demuestre que la propuesta está acorde a la capacidad de pago y, segundo, que haya condiciones similares para inversores que estén en igual situación. Si hay inequidades es muy difícil lograr el consentimiento de acreedores. P.: Entonces avanzarán los juicios. P.G.: Avanzan los juicios y si bien la posibilidad de embargos es muy limitada, se demorará aun más la capacidad de recibir créditos del exterior. P.: ¿ Cómo ve que se está manejando desde el Banco Central la cotización del dólar y la política monetaria? P.G.: Creo que en este momento el Banco Central tiene un manejo más profesional. Siempre hay que reconocer que está atado al Tesoro porque éste no tiene capacidad de financiamiento. El marco de manejo de políticas está atado a cuestiones transitorias como es particularmente el acuerdo con el FMI. Concretamente, hoy no hay marco de política monetaria y hay dudas sobre el marco futuro. Además, no se pudo eliminar la fuente de creación de dinero y para proveer al Tesoro y por ello el Banco Central aún no tiene verdadera independencia funcional por lo que el segundo semestre se presenta muy difícil y depende de la capacidad de un acuerdo en serio que tenga el próximo gobierno. P.: Yendo al tema de la herencia, ¿qué es lo más complicado? P.G.: El ajuste fiscal deberá ser mayor al que se promete ahora al FMI (2,1% del PBI de superávit primario). Entonces deberá pasar de 9.000 millones -que es lo que hoy se promete- al doble. Lo más probable es que se ubique una meta de 4%, teniendo como ejemplos a Brasil que tiene 4,25%, Turquía y Rusia con 6%... Esto junto al problema estructural de la deuda y la viabilidad del sistema financiero que hay que independizarlo de la resolución de la deuda con bancos que tienen un importante monto de activos públicos. La herencia es impresionante. Está también la relación del Estado con las empresas de servicios públicos. Es todo un conjunto de problemas que deben resolverse en sólo 6 meses y la pregunta es si los candidatos a presidente que hay entienden el problema y tienen la capacidad de ser eficientes en su resolución. P.: Suena imposible todo ello en 180 días. P.G.: Pero otro problema es que el que gana las elecciones va a requerir apoyo del Congreso con leyes importantes a ser aprobadas. Si la dispersión que vemos ahora en lo político se mantiene, va a ser muy difícil obtener las mayorías legislativas para las medidas que se deben poner en marcha en el segundo semestre. En sólo 30 días tras la asunción se debe tener un nuevo acuerdo con el FMI y sacar las leyes. Para ello se necesitarán medidas impositivas, no sólo de reducción del gasto sino de mejoras en recaudación. Entonces la duda nuevamente es si se van a poder poner en práctica las medidas impopulares que se necesitarán. P.: ¿No se equivocó el FMI al cerrar un acuerdo con la Argentina dejando todo al próximo gobierno? P.G.: Creo que las condiciones para un programa no estaban. Fue ingenioso el puente que crearon a un programa posterior por lo que tiene un carácter más diplomático y refleja la preocupación de EE.UU. y el FMI para no deteriorar entre otras cosas la imagen de los organismos en la Argentina donde se iba a ver el recorte de los planes sociales. P.: ¿Piensa que hubo una carta paralela o «side letter» con el FMI? P.G.: No es habitual, pero existen. En la Argentina no hubo en los últimos nueve años. Se hacen cuando un gobierno necesita comprometerse a políticas y no quiere anunciarlas. No me consta que se haya firmado una ahora, pero existen. P.: ¿Qué opina de la gestión de Lavagna? P.G.: Es muy difícil hablar de él sin hablar del gobierno de Duhalde que tomó medidas de una arbitrariedad histórica. A Lavagna le tocó igual compartir con Duhalde cuando ya habían pasado meses de arbitrariedad. Hay que reconocer que igual manejó y tuvo bajo control la situación fiscal. La coyuntura fue razonable pero Lavagna no tomó decisión alguna sobre lo que señalamos, son bombas de tiempo que se dejan al próximo gobierno. Las arbitrariedades que vimos van desde la pesificación asimétrica, violación de contratos, controles de cambio, y las intromisiones del Estado en los contratos entre privados, lo que hizo que la Argentina fuera un ejemplo de incumplimiento. Entrevista de Guillermo Laborda

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