Obras sociales: gobierno hoy apela fallo

El gobierno presentará hoy ante al Justicia la apelación a la medida de no innovar que dictó la jueza Adriana Lucas de Tarrabella contra la desregulación de las obras sociales. Además pedirán al Consejo de la Magistratura que cite a la jueza para que explique por qué intervino en una presentación que, según la interpretación oficial, no correspondía a su fuero: « Vamos a rechazar la decisión de la jueza», ratificó ayer a Ambito Financiero Héctor Lombardo, ministro de Salud. « Y vamos a pedir al Consejo de la Magistratura que la cite. Hay un serio problema constitucional: la jueza es de seguridad social y tomó un caso que habla de inconstitucionalidad. Esto no corresponde a su fuero y por eso se ha excedido en sus funciones», explicó el ministro. Dentro de la presentación que hará hoy el gobierno se pedirá la recusación de la jueza interviniente.
La jueza federal Lucas de Tarrabella había dictado una medida de no innovar que frenó la iniciativa del Estado para permitir la libre competencia entre las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga, que había entrado en vigencia el 1 de enero.

La resolución se emitió ante una presentación realizada por las dos ramas de la CGT, que lograron suspender la aplicación del Decreto 446 hasta que se resuelva si la medida presidencial dictada en ese sentido es «inconstitucional».

Para el gobierno, no todo el sindicalismo está totalmente de acuerdo con la suspensión de la desregulación de las obras sociales, la fuente mas fuerte de financiamiento de los gremios: «Hemos estado aproximando posiciones. Muchos sindicalistas creen que el sistema está en crisis y que hay que buscar una salida. No hay unanimidad en los sindicalistas para esta medida. Mucha gente entiende que el sistema de la seguridad social está en una situación sumamente crítica. Muchas obras sociales no tienen cobertura de salud porque tienen cortados los servicios», decía ayer Lombardo a este diario en relación con el fallo de la jueza.

También protestó el ministro por el reclamo que hace la CGT por la deuda que la ANSSAL mantiene con las obras sociales: « Cuando Rodolfo Daer habla de una deuda de $ 500 millones se olvida que es de sólo $ 260 millones y que esa deuda fue generada por un gobierno al que él no le hizo un solo paro. Carlos Menem fue el que usó los recur-sos de la seguridad social para cubrir déficit», protestó el ministro de Salud.

La presentación que los gremios hicieron ante la Justicia fue realizada por 43 obras sociales, pero finalmente la suspensión de la norma abarcó solamente a 14 prestatarias sindicales de servicios de salud: despachantes de aduanas, los trabajadores de empresas de electricidad, personal de panadería, personal hotelero y gastronómico, recibidores de granos y anexos, personal de imprenta, empleados textiles, peones de taxis, personal de industria lechera, de publicidad, de la industria del tabaco, del vestido, del vidrio, del papel y los visitadores médicos. Los afiliados a otras obras sociales no alcanzadas por la medida de «no innovar», mantienen la posibilidad de optar por cambiar de entidad de salud.

De todas formas la posibilidad de optar libremente, ya sea por obras sociales sindicales o prepagas, está todavía acotada a un ambito simbólico. En el arranque sólo una mutual cordobesa se había anotado en el nuevo registro de prestatarias y la semana pasada se sumó la mutual de San-Cor. A pesar de que las privadas siguen protestando por las condiciones de la desregulación y ratificando que por ahora no les interesa ingresar en la competencia -se quejan por el denominado Plan Médico Obligatorio, la garantía de aporte de $ 20 del Estado y el tratamiento de responsabilidad para enfermedades preexistentes-, Lombardo cree que en el corto plazo se cerrarán acuerdos con más empresas que comenzarán a estar disponibles para que los trabajadores ejerzan la opción: « Estamos en conversación con dos o tres empresas que podrían sumarse muy pronto», dijo ayer.

El 1 de enero pasado entró en vigencia el decreto por el cual los cerca de 11 millones de trabajadores en relación de dependencia pueden optar por la obra social (sindical o de dirección) que deseen y, en caso de que finalmente ingresen a la competencia, por una empresa de medicina prepaga.