Otra medida anti-empresas de Chávez: aplica el impuesto al cheque

Hugo Chávez

Venezuela decretó un impuesto del 1,5 por ciento a las transacciones financieras realizadas por personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que sólo aplicará por dos meses, con el que el Gobierno dice buscar una "mayor equidad del sistema tributario".

El jefe de la autoridad tributaria venezolana, José Vielma, aclaró que el impuesto se aplicaría en noviembre y diciembre del 2007, pese a que la Gaceta Oficial extraordinaria 5.852 que circuló el lunes informó que el impuesto estaría vigente hasta el 31 de diciembre del 2008.

El Gobierno del presidente Hugo Chávez, quien afirma construir una nueva economía socialista para el país petrolero, dejó libre del pago del tributo a las personas naturales, lo que según el decreto beneficiará a trabajadores, pensionados, jubilados, amas de casa y destinatarios de programas sociales.

El Fisco recaudará unos 930.000 millones de bolívares (433 millones de dólares) en los dos meses que regirá el impuesto, especificó Vielma en una rueda de prensa el lunes.

El presidente lanzó el decreto en el marco de la Ley Habilitante, aprobada por la Asamblea Nacional a inicios de este año, que le permite legislar sobre una amplia gama de materias de forma expedita.

Analistas dijeron que la medida busca compensar la baja de ingresos generada por una disminución de cinco puntos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a 9,0 por ciento, que decretó Chávez este año con el argumento de abatir la inflación.

El tributo será cobrado por débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en cualquier otra clase de depósitos a la vista, fondos de activos líquidos, fiduciarios y en otros fondos del mercado financiero o en cualquier otro instrumento financiero, realizados en bancos y otras instituciones financieras.

También por la cesión de cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier otro instrumento negociable, a partir del segundo endoso, y por la adquisición de cheques de gerencia.

También serán gravadas las operaciones activas efectuadas por bancos y otras instituciones financieras, la transferencia de valores en custodia entre distintos titulares, aún cuando no exista un desembolso a través de una cuenta; la cancelación de deudas hechas sin mediación del sistema financiero, por el pago u otro medio de extinción.

El impuesto también recaerá en los débitos en cuentas que conformen sistemas de pagos organizados privados, no operados por el Banco Central y los distintos al Sistema Nacional de Pagos; también a los débitos para pagos transfronterizos.

Entre las exenciones al pago del tributo figuran la República y demás entes político territoriales, las entidades públicas con o sin fines empresariales, el Banco Central de Venezuela (BCV) y los Consejos Comunales y demás organizaciones comunitarias; así como los débitos que se generen en la administración de condominios de uso residencial.

También quedan libres el primer endoso a los cheques, valores o depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier otro instrumento negociable y los débitos por la compra, venta y transferencia de la custodia en títulos valores emitidos o avalados por la nación o el BCV, así como débitos relacionados con la liquidación del capital e intereses de los mismos.

Entre otras exenciones están las operaciones de transferencias de fondos que realice un titular de sus cuentas, siempre y cuando sea un sólo titular.

El presidente Hugo Chávez eliminó en febrero del 2006 un impuesto similar con una alícuota del 0,5 por ciento, cuando los ingresos fiscales del Estado comenzaron a repuntar gracias al incremento de los precios del crudo, su principal producto de exportación.

Chávez había implantado el Impuesto al Débito Bancario (IDB) en marzo del 2002 para enfrentar una contracción de la economía del país petrolero. En el momento de su derogación, aseveró que las positivas condiciones económicas no justificaban el tributo.

Además, la Gaceta oficializó un aumento de los impuestos al tabaco y al alcohol a partir del 15 de octubre, una medida con la que el Estado prevé ingresar unos 500.000 millones de bolívares (233 millones de dólares).