El CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, laudó ayer en contra del Estado nacional estableciendo una compensación de u$s 105 millones al grupo francés Vivendi. El pleito comenzó en 1997, cuando la empresa gala se retiró anticipadamente de la concesión Aguas del Aconquija en Tucumán acusando a las autoridades provinciales de alterar el contrato.
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Como ya lo hizo en anteriores oportunidades, el gobierno pedirá la anulación del fallo, anticipó ayer el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino.
No obstante, hay algunas dudas de que el CIADI dé lugar al pedido. Esto es así porque el caso de Aguas del Aconquija ya tuvo un primer laudo que fue favorable al Estado nacional, en tanto, remitía el problema a la Justicia local, y Vivendi logró abrir un proceso de nulidad, del que surge este fallo conocido ayer.
Como el CIADI no tiene normas establecidas ni jurisprudencia, no queda claro si hay posibilidad de un segundo procedimiento de nulidad, esta vez de parte de la Argentina.
Guglielmino dijo que el pedido se basará en que el laudo presenta « argumentación incomprensible y acusa de una presunta expropiación sin fundamentos». «Además -dijo el procurador-, la valuación no cuenta con respaldo probatorio, porque se cimenta en dichos de testigos y supuestos préstamos no probados documentalmente.»
En un comunicado, Vivendiexpresó que «el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó que los actos de los funcionarios provinciales violaron los derechos de Vivendi, de su subsidiaria y el acuerdo entre Francia y la Argentina para proteger a los inversores extranjeros en ambos países».
Si bien el conflicto se suscitó en Tucumán, la demanda es contra el Estado nacional, porque fue éste el que firmó el tratado de protección recíproca de inversiones con Francia.
Mala calidad
Aguas del Aconquija fue una concesión de aguas y servicios sanitarios en la ciudad de Tucumán y otras localidades de esa provincia, firmada por el ex gobernador Ramón Ortega en 1995. Su sucesor, Antonio Bussi, se encontró con una situación complicada: la empresa suministraba agua de mala calidad, mientras el contrato habilitó una significativa suba de tarifas que puso en alerta a la población tucumana-(67,9% más impuestos).Por esta razón se acumuló, además, una alta morosidad.
Hubo numerosas negociaciones hasta que la empresa anunció que se retiraba de la provincia (alegando rescisión por culpa del concedente), revelando por primera vez la dificultad para privatizar servicios de agua y cloacas, como después se confirmó con Azurix (ENRON) en la provincia de Buenos Aires y con Aguas Argentinas en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Los contratos fijan tarifas muy altas para cubrir las inversiones que afectan sobre todo a la población que se necesita incorporar a los servicios y que precisamente es la de menores recursos. La tarifa se vuelve impagable o se transfiere en parte a los usuarios que ya tienen el servicio, como ocurrió con Aguas Argentinas, pero las inversiones son muy altas y las empresas no las concretan.
«Aguas del Aconquija -recordó Guglielmino- no pudo impedir que por más de 20 días saliera agua negra de las canillas de los habitantes de Tucumán, mientras producía un drástico aumento en la tarifa del servicio.» El Estado nacional acumula hasta ahora los siguientes laudos en contra, producidos por el CIADI, habiendo en todos los casos pedido su nulidad:
La empresa energética CMS, de los Estados Unidos, obtuvo una indemnización de 133,2 millones de dólares por la anulación de la cláusula de indexación en las tarifas de gas en 2000, y la posterior pesificación y congelamiento.
La compañía LG&E, de los EE.UU., consiguió una indemnización cercana a u$s 50 millones por las mismas razones que en el caso anterior.
ENRON-Ponderosa, de los EE.UU., logró una compensación de u$s 106,2 millones por el mismo tema de las tarifas de gas.
ENRON obtuvo además un laudo a favor por 165, 2 millones de dólares por Azurix, ex concesionaria de agua en Buenos Aires.
La alemana Siemens consiguió un fallo que le reconoce u$s 208 millones por la anulación del polémico contrato de los DNI que fue rescindido por el gobierno de Fernando de la Rúa.
En todos los casos, el CIADI está fijando montos menores a los solicitados por las empresas, pero se siguen acumulando los laudos contra el Estado nacional, lo que podría hacer eclosión en dos o tres años. Varias demandas de empresas privatizadas fueron suspendidas debido a la renegociación parcial de los contratos. Pero hay otras que no se levantarán, como la del grupo Suez por Aguas Argentinas, que requiere u$s 1.700 millones.
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