Montevideo (AFP) -Uruguay comenzará a aplicar una reforma tributaria a partir del 1 de julio de 2007, luego de que ésta fuera aprobada por ambas cámaras del Congreso con los votos de la coalición oficialista de izquierda Frente Amplio.
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La iniciativa, que aún debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, es considerada por el gobierno como una de la «máximas reformas estructurales» de su gestión, mientras que la oposición ha argumentado que afecta la capacidad de ahorro, que conspira contra la inversión y que castiga a la clase media, en tanto rechazan que se impongan tributos a las jubilaciones y pensiones.
Se introduce el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) «como instrumento capaz de mejorar la equidad del sistema». Además, se imponen tributos a las rentas empresariales, con un «principio de fuente territorial», es decir, gravar las rentas generadas en territorio uruguayo.
Fija una tasa de 3% a los intereses de depósitos a más de un año en moneda extranjera o en unidades indexadas, que busca incentivar la formación de un mercado de capitales en moneda nacional e inversiones a largo plazo, así como fomentar la desdolarización de la economía. También grava por primera vez las rentas por alquileres.
