Para el interventor, «el modelo de normalización profundizó los problemas. El directorio estaba muy cuestionado, y estaría comprometido hasta judicialmente». Para Gaviola, «la totalidad de los directores estaba en incompatibilidad porque cobraba también jubilaciones o pensiones».
El funcionario dijo luego que «no es intención del gobierno despedir empleados» del PAMI, porque «medidas de ese tipo llevaron a que hoy el Estado nacional tenga que pagar 3.000 millones de pesos en materia de indemnizaciones».
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