Pasa hoy Aerolíneas al dominio estatal

Economía

El gobierno argentino y el Grupo Marsans se aproximaban anoche a un acuerdo para la salida de los españoles de Aerolíneas Argentinas: a última hora -según fuentes oficiales- faltaban cerrar algunos detalles del documento que firmarán representantes del Estado y de los -hasta ayer al menos- accionistas mayoritarios de la compañía aérea.

«Si no fuera por la votación en el Congreso, ya se habría anunciado la firma, pero como hace falta el OK de la Presidente, y ella está pendiente de lo que pasa en el Senado, probablemente el anuncio se pase para mañana» (o sea hoy), dijo a este diario una alta fuente oficial.

  • Alerta

    De hecho, a varios de los que «saldrán en la foto» les pidieron que tuvieran abiertos los celulares desde la primera hora de la mañana en caso de ser convocados de urgencia al despacho donde se rubricará la reestatización de Aerolíneas.

    La negociación final -siempre según fuentes oficiales- se habría producido «gobierno a gobierno»: la administración de José Luis Rodríguez Zapatero se habría volcado de lleno a defender a Marsans, pero no en público. Los voceros de este lado del Atlántico habrían sido el secretario legal y técnico, Carlos Zannini y hasta el propio ministro Julio De Vido.

    De todas maneras, uno de los detalles en discusión sigue estando presente desde que se inició el proceso de reestatización de la aérea: si el gobierno se queda con las acciones a cambio de la deuda (confirmada por la propia aérea en u$s 890 millones) o se paga algún monto en efectivo.

    En cambio, Zannini y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, habrían resignado -a partir de la gestión del gobierno español- su pretensión de máxima: obligar a Gerardo Díaz Ferrán y a Gonzalo Pascual (los dueños de Marsans) a firmar un documento equivalente a una capitulación sin condiciones, en el que admitirían que la crisis de Aerolíneas Argentinas se debió exclusivamente a su mala gestión.

    La apuesta de Jaime era que el juez en lo Comercial Jorge Sicoli designara un interventor para controlar el destino de los fondos que está aportando el Estado para que Aerolíneas siga volando, luego de que los españoles se quedaran sin financiamiento bancario. Pero el magistrado -tras una extensa reunión el martes, que duró más de cinco horaspospuso sine die su decisión, a la espera de una resolución política y no judicial de la crisis.

  • Valuaciones

    Por eso, el gobierno y Marsans deberían designar un «comité de gestión» de cuatro miembros -dos por bando- que administrarían la empresa durante 90 días, lapso en el cual se determinaría el valor de la compañía, el monto exacto de su deuda y -en caso de corresponderel monto de la indemnización que le correspondería a Marsans por la venta de la empresa.

    Cada una de las partes designará a un evaluador propio, quienes harán sus cuentas por separado; en caso de que hubiere discrepancias (casi una certeza), se designará un árbitro neutral a ese efecto.

    El acuerdo iba a ser suscripto por Vicente Muñoz, el director financiero del Grupo Marsans, que fue enviado por Pascual y Díaz Ferrán para negociar con el gobierno. Sin embargo, el ejecutivodebió retornar anochea Madrid de urgencia (en un avión de Iberia, quizás porque quería asegurarse de que no se cancelara el vuelo) por una emergencia familiar. El firmante por los privados será, entonces, Horacio Fargosi, veterano abogado especialista en concursos preventivos y presidente del directorio de Aerolíneas Argentinas.

    Lo cierto es que -salvo una catástrofe difícil de imaginarel Estado sumará a Aerolíneas Argentinas y Austral a su escuadrilla de compañías aéreas: cabe recordar que también «opera» a la fantasma LAFSA -la que, a pesar de que nunca voló ni tuvo aeronaves, implicó gastos por u$s 40 millones en rubros que incluían uniformes y combustibles- y a LADE, que opera la Fuerza Aérea a destinos no rentables.

    En Aerolíneas Argentinas/ Austral el gobierno deberá aplicar entre pago de deuda y gastos operativos -tal como ya reveló este diario- un monto similar al que se espera obtener por las retenciones móviles, o sea, cerca de u$s 1.200 millones, sin contar con una posible indemnización a Marsans para no desairar al gobierno de España. A eso habrá que agregarle los más de u$s 150 millones que -según se estimaharán falta para volver a poner a la empresa en condiciones más o menos razonables.

  • Costo político

    La administración de Cristina de Kirchner también deberá afrontar el no demasiado hipotético costo político de una aérea ineficiente, con vuelos retrasados o cancelados, con rutas sin cubrir por falta de aviones (en ese rubro jamás entraron El Calafate o Río Gallegos) y otros percances que le venían sucediendo a Aerolíneas. Ahora será el gobierno y no Marsans el objeto de las iras de los pasajeros descontentos.

    Ayer se conoció que el Estado debió hacer un nuevo aporte de $ 54 millones para gastos operativos, según admitió Jaime. La suma es superior incluso a la desembolsada la semana última, de $ 50 millones, para pagar los salarios.
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