Peaje que demoró un ministro ineficiente

A ocho meses de asumir el cargo, el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, reiteró este fin de semana que pondrá en marcha lo mismo que había anunciado cuando se hizo cargo del área: la extensión del peaje a todas las rutas nacionales.

Esta reiteración no es la única prueba de que el tiempo corre en contra de Bastos, que parece entrampado por varias situaciones y por su propia ineficiencia. No lo favoreció el contexto económico general que durante muchas semanas dejó inactivo a su ministerio a la espera de que se definiera la suerte del plan económico y del ministro Domingo Cavallo, de cuya permanencia depende la del titular de Infraestructura.

Por otro lado, su falta de acción generó internas dentro del propio gobierno porque su cargo es apetecible para muchos, por los fondos que maneja, sobre todo a través de la denominada tasa vial, y por el poder sobre las más importantes áreas de negocios del país: todas las empresas de servicios públicos privatizadas, las petroleras, las de generación eléctrica, las de transporte y las de la construcción.

A Bastos se le conocen pocas decisiones, probablemente sólo una, en que haya pretendido influir sobre los tiempos y las internas de esta administración. Curiosamente, la única vez que se atrevió a definirse rápidamente con el Decreto 804 de desregulación eléctrica, lo hizo sin haber obtenido siquiera un mínimo consenso previo entre las empresas de la actividad, por lo que la norma terminó siendo derogada por el Congreso.

El 22 de marzo, a poco de asumir, Bastos anunció el plan de extender el peaje a todas las rutas nacionales, con el propósito de incentivar la obra pública en el interior, y al mismo tiempo la rebaja del peaje percibido por los concesionarios en las rutas entregadas en concesión en 1990.

Rebajas compensadas

Desde ese momento hasta ahora, los peajes de las rutas concesionadas fueron rebajados, y la diferencia de ingresos fue compensada a los concesionarios por medio de los ingresos por la tasa vial que se cobra sobre el gasoil desde el 20 de junio. Pero sólo se licitaron, todavía no adjudicadas, tres obras para tres tramos de rutas, en las que se podría cobrar peaje cuando estén terminadas, si es que el tráfico lo permite, o en caso contrario se solventarán con la tasa vial, o con ambos instrumentos.

La demora en el Plan de Infraestructura y en el llamado plan vial se atribuye a la alta tasa de interés que implica un costo financiero para las obras que subiría fuertemente el pago a afrontar por el Estado. En este situación, recién hace tres semanas, Bastos resolvió pagar las obras por tramos y no a su finalización, por lo cual, tras el cambio de criterio, los sobres para las primeras obras viales recién se abrieron el martes de la semana pasada.

También al asumir, Bastos anunció la intención de renegociar el contrato de Aeropuertos Argentina 2000, cambiando el criterio de inversión obligatoria por el de cumplimiento de estándares internacionales de calidad en cada aeroestación. Entonces, el ministro firmó un acta-acuerdo con el concesionario sobre los criterios para renegociar el contrato, pero sin los números concretos.

En las últimas semanas, el tema fue parado por la Justicia que ordenó realizar una audiencia pública antes de renegociar el contrato.

Arbitraje

Mientras tanto, Aeropuertos Argentina 2000 no pagó lo que adeuda de canones impagos, el Estado no resolvió si tiene razón o no en los reclamos efectuados y, tras 18 meses de circular por los despachos oficiales, Bastos propuso someter el tema a un arbitraje internacional. Ya se anticipa que AA 2000 volverá a pagar sólo en parte el canon de enero porque entiende que el monto a abonar debe estar sujeto al tráfico (aun cuando esto no está en el contrato original), y el Estado no estaría en condiciones de multarlo por no haber cumplido las inversiones obligatorias al 31 de diciembre de este año, porque ya reconoció que el criterio debe ser modificado.

La lista de temas no resueltos incluye el marco regulatorio de la actividad postal que se anuncia como inminente desde marzo del 2000, y la regularización de la concesión del Correo Argentino.

En este tema, en setiembre Bastos amenazó con rescindir la concesión si no se pagaba lo adeudado por el canon (unos 260 millones de pesos), pero la empresa pidió la convocatoria, lo que también es motivo de rescisión del contrato, y el ministro no tomó ninguna decisión.

Hay otras cuestiones que directamente se mantienen en reserva, pero que tampoco se resuelven, como la suspensión de la indexación de las tarifas telefónicas ordenada por la Justicia en segunda instancia, o la puesta en marcha del llamado «servicio universal» para cubrir el déficit por prestar el servicio telefónico en localidades donde no es rentable.

Hay quienes aseguran que Bastos demore tanto las decisiones porque se mueve con temor a la Justicia o al Congreso, y sólo tiene confianza en algunos de sus funcionarios, por lo que termina concentrando todos los asuntos.