Pesifican deudas de las provincias con sus bancos

El gobierno nacional dispuso por decreto la pesificación uno a uno de las deudas que los estados provinciales tienen con aquellos bancos de los que son accionistas mayoritarios.
La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, rige desde ayer y se aplicará a aquellas obligaciones originadas a partir de la adquisición de carteras crediticias aprobadas por el Banco Central.

La medida fue promulgada a través del Decreto 1.443/02, que aclara que la excepción no comprende a las deudas provinciales que hayan sido instrumentadas a través de títulos públicos, bonos, Letras del Tesoro o préstamos y que hayan sido o sean presentadas en forma voluntaria para su conversión a préstamos garantizados o bonos nacionales garantizados.

La deuda total de los 23 distritos provinciales más la Ciudad de Buenos Aires con bancos y, en muy bajo porcentaje, financieras es de aproximadamente 7.807 millones de pesos, y los estados más endeudados con estas entidades son Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa y Mendoza, según datos del Ministerio de Economía.

Respecto de las entidades financieras alcanzadas por las disposiciones del decreto, se estableció que el Ministerio de Economía queda facultado a emitir bonos para resarcirlos de la pesificación asimétrica dispuesta a principios de años, con la salida de la convertibilidad.

La pesificación uno a uno de las deudas provinciales se estará aplicando en los bancos en que los mismos estados sean los accionistas mayoritarios.

A su vez, será el Ministerio de Economía el encargado de fijar el monto máximo que se destinará a la compensación establecida en el decreto, al tiempo que será la autoridad de aplicación e interpretación del decreto, que rige desde ayer.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo argumenta que las operaciones que originaron la deuda con los bancos en cuestión se efectuaron con el fin de «lograr el saneamiento» de dichas entidades «dado que las proyecciones sobre su evolución económico-financiera determinaban la necesidad de mejorar la calidad y solvencia de los activos».

Como causa de esto, el Decreto 1.443 reconoce que los contratos suscriptos por las provincias con sus respectivos bancos fueron avalados por el Banco Central y que se trató de operatorias destinadas a fin de «intentar sustentar patrimonialmente», lo cual permite «la implementación de programas específicos que propician facilidades de plazo y tasa de interés adecuadas a los clientes cuyas actividades presentan condiciones favorables para la continuidad y desarrollo de su labor empresarial».

Asimismo, se especifica que este «tratamiento excepcional» deberá acotarse a un monto compatible con las metas de política monetaria y fiscal fijadas por la Nación.