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Con esto se concluiría formalmente el traspaso de 58,6% de la empresa energética nacional a la petrolera estatal Petrobrás. Aunque la brasileña se hizo cargo de PeCom en octubre pasado, y pagó a la familia Pérez Companc u$s 1.070 millones, la transferencia había quedado sujeta a que en el término de un año, la operación estuviera aprobada por la autoridad regulatoria argentina. En caso contrario, Petrobrás daría marcha atrás, y Pérez Companc debería devolverle el dinero y volver a hacerse cargo de la empresa.
Sin embargo, ayer circularon versiones de que podría haber amparos en la Justicia para frenar la operación, en este caso para excluir también la participación de PeCom en Transportadora de Gas del Sur (TGS).
Ya desde fin de año pasado, empresas de capital local manifestaron objeciones a la venta a Petrobrás de las participaciones en Transener y TGS, y esos cuestionamientos influyeron en la decisión del presidente
Al anunciar que no autorizaría la venta de la participación de PeCom en Transener (alrededor de 32%), Duhalde consideró que la empresa, que controla las redes de transmisión eléctrica en todo el territorio nacional, es un «activo de características estratégicas», que no puede ser vendido «a un país amigo, pero con quien competimos comercialmente».
La decisión de Duhalde forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo para definir la política nacional en materia energética o en otros aspectos clave. Pero al no haber elementos en la Ley de Defensa de la Competencia para impedir la venta de Transener, ni objeciones del ente regulador eléctrico en función de la ley de marco regulatorio de la actividad, se debía recurrir a otro mecanismo para concretar la decisión presidencial.
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