La Cámara de la Industria del Petróleo (CIP), que representa a las principales empresas del sector, propuso ayer un aumento de la patente automotor para todos los vehículos gasoleros, no sólo los 0 km, de modo que haya una carga diferencial anual con destino al Tesoro nacional, que neutralice la diferencia existente entre el impuesto que tributan las naftas y el que corresponde al gasoil, considerando un consumo anual promedio por vehículo.
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La presentación de la CIP, realizada ayer por Juan Aranguren, de Shell, parte de señalar la elevada y creciente demanda de gasoil destinada a vehículos particulares, que tiene como contrapartida una caída de 7% anual en la demanda de naftas en los últimos cinco años. Esto obedece a la diferencia en el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que es de 0,486 de peso por litro para la nafta y de 0,12 de peso para el gasoil.
Según Aranguren, «esta situación produce un desbalance en las refinerías (por cada metro cúbico de petróleo se produce igual cantidad de cada subproducto), obligando a las mismas a exportar los excedentes de naftas que se producen para poder satisfacer, con producción propia, gran parte de la demanda de gasoil, la cual habiendo superado la capacidad de producción, la coloca en situación importadora».
Subsidio
Estimó que por el parque automotor gasolero no vinculado al transporte y al agro, el subsidio por la menor carga impositiva asciende a 600 millones de pesos al año. La CIP manifestó entender que por la incidencia en el agro y en el transporte, es imposible en el corto plazo subir el impuesto al gasoil, por lo cual reclamó un incremento de la patente de los vehículos gasoleros.
La CIP también reclamó la exención del impuesto a las transacciones financieras, sobre los montos que componen la recaudación y pago del ITC, ya que al recaudarse 3.500 millones de pesos anuales se deben pagar montos muy significativos por el nuevo gravamen, que afectará a las petroleras tanto al cobrarlo a los clientes como al depositarlo a favor del fisco.
La CIP estimó, según dijo Aranguren, que actualmente la evasión impositiva en el caso de los combustibles llega a niveles alarmantes, ubicándose en 500 millones de pesos anuales.
Esto se debe, según la entidad, a la alta carga tributaria aplicada a las naftas, las exenciones establecidas para algunas zonas geográficas, las exenciones para los solventes y aguarrás, sumados a la creciente producción de gasolinas derivadas del gas natural, todo lo cual incentiva la creatividad de maniobras para evadir el ITC.
La CIP pidió que el Poder Ejecutivo envíe a la brevedad al Congreso un proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos que contenga los decretos desregulatorios de la actividad y unifique un marco regulatorio en todo el país especialmente en aspectos operativos y de medio ambiente.
También requirió terminar con los problemas fiscales de la industria, en relación con los problemas generados por el Impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos en varias provincias.
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