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Estos poderes especiales que el Parlamento le concedió en su momento a Domingo Cavallo caducan a fines de este año. El Senado ya votó el proyecto del Ejecutivo, pero resta que haga lo propio Diputados para convertirlo en ley. Según los planes de José María Díaz Bancalari, este trámite podría completarse en el recinto dentro de 9 días, más exactamente el miércoles 1 de octubre. Sin embargo, hay dudas sobre si habrá o no dictamen esta semana. De no llegarse a emitir despacho, algo bastante probable, se demoraría una semana la sanción.
Julio De Vido en persona visitará dentro de 24 horas un plenario de comisiones que está analizando la iniciativa. El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios explicará a los diputados de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Obras Públicas y Defensa del Consumidor el contenido del texto elaborado por el oficialismo que, entre otras cosas, impone al Legislativo 60 días para ratificar los convenios. Transcurrido ese plazo, si hay silencio de este poder, el o los acuerdos quedan validados de hecho. Este procedimiento se conoce como sanción ficta.
En ese sentido, hay un aspecto que pasó inadvertido en la Cámara alta que debería subsanarse. Los contratos renegociados serán dirigidos para la aprobación a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas, cuya existencia fenece por la Ley de Emergencia Económica a fin de año. Polino propuso que se prorrogue la vigencia de la Bicameral. Otra criterio, predominante en el PJ, es que este papel lo desempeñe la Bicameral de Reforma del Estado.
Díaz Bancalari y sus amigos estiman que lo conveniente sería sacar el paper tal cual llegó de la Casa Rosada y dejar para otra ocasión cualquier parche necesario. Esto evitaría demoras en la sanción del proyecto y permitiría incluir, mediante otras sanciones, algunos requisitos sugeridos por varios legisladores, como la extensión de la Emergencia Económica y la inclusión de la necesidad de incorporar la denominada tarifa social en la renegociación.
