El aumento de tarifas para los servicios públicos considerados esenciales (gas, luz, agua y teléfonos) que el gobierno estudia aplicar en forma inminente antes de la renegociación de los contratos, prevista por la Ley de Emergencia Pública, podría complicarse si hay presentaciones en la Justicia. La renuncia del Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, a la comisión renegociadora, y la actitud de las asociaciones de usuarios, anticipan que pueden presentarse amparos ante eventuales aumentos tarifarios.
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Según Mondino, desde que se formó la comisión en marzo «se fueron dictando diferentes resoluciones y decretos que desnaturalizaron el rol de la comisión, quitándole herramientas de negociación y, por lo tanto, privándola de una real eficacia». En este sentido, se refirió a los ajustes por razones estacionales autorizados en el gas y la electricidad.
El defensor dijo también que «no puede dejar de analizarse la incidencia que tienen estos servicios en los costos de los sectores productivos, que deberán ser motores de la reactivación económica». Esta posición implica cuestionar también los aumentos de tarifas dirigidos sólo a los usuarios residenciales, como está planteado en el caso del gas.
Mondino criticó especialmente el otorgamiento de un subsidio a las concesionarias del servicio ferroviario de pasajeros del Area Metropolitana. Dijo que «este festival de subsidios es absolutamente inaceptable, ya que se está premiando la mala calidad en la prestación de un servicio público».
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