Los niveles estadísticos pueden centrarse solo en los ingresos, o pueden ir más allá, según el organismo. Si bien la metodología más difundida es la del INDEC, también es la más cuestionada.
La pobreza y la indigencia se miden con distintas metodologías en Argentina.
La discusión sobre la pobreza en Argentina suele quedar atrapada en el dato final: sube, baja, mejora o empeora. Sin embargo, detrás del porcentaje que anuncia cada organismo existe una metodología que define qué se mira, qué se deja afuera y qué tipo de privación se considera suficiente para nombrar a una persona como pobre.
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En ese mapa conviven distintos enfoques. El INDEC, responsable de la medición oficial, mide la pobreza principalmente por ingresos; la UCA, a través del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), combina la dimensión monetaria con una mirada multidimensional. ATE, por su parte, cuestiona los criterios de actualización de canastas e índices de precios. Y los estudios vinculados a organismos como la ONU o el PNUD incorporan una lectura más amplia sobre derechos, desigualdad, acceso a servicios y condiciones de vida.
La diferencia no es menor. No se trata solo de discutir si una medición arroja más o menos pobreza, sino de comprender qué entiende cada organismo por pobreza.
La medición más difundida es la del INDEC, que publica semestralmente la incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
El método es monetario. Primero se calcula si los ingresos de un hogar alcanzan para cubrir una Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia. Luego se amplía esa referencia con otros gastos no alimentarios, como vivienda, salud, educación, transporte y servicios, para construir la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de pobreza.
De esa forma, una familia es considerada indigente si no llega a cubrir alimentos básicos, y pobre si sus ingresos no alcanzan para cubrir el conjunto de bienes y servicios considerados necesarios.
El propio INDEC informó que, en el segundo semestre de 2025, el 21,0% de los hogares y el 28,2% de las personas quedaron por debajo de la línea de pobreza. Dentro de ese conjunto, el 4,8% de los hogares y el 6,3% de las personas quedaron bajo la línea de indigencia.
Pero el punto central es metodológico, ya que la medición depende de cuánto valen esas canastas, cómo se actualizan sus precios y qué ingresos declara cada hogar.
Por otra parte, INDEC comenzó a incorporar de manera sistemática los ingresos declarados en registros administrativos (como el SIPA) para contrastarlos con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a finales de 2023 y durante 2024. Esto permitió detectar que lo reportado por los hogares era mayor a lo estimado previamente.
Uno de los principales cuestionamientos al método oficial apunta a que, si bien el INDEC actualizó la metodología en 2016, las canastas continúan construyéndose sobre patrones de consumo que surgen de las ENGHo 1996/97, validadas con la ENGHo 2004/05 para la Canasta Básica Alimentaria, y de la ENGHo 2004/05 para la actualización de la Canasta Básica Total. Desde entonces no se incorporaron los resultados de la ENGHo 2017-2018 para redefinir esas estructuras de consumo, por lo que algunos especialistas sostienen que los hábitos actuales de los hogares cambiaron respecto de los utilizados como base metodológica.
Quienes cuestionan la metodología sostienen que los patrones de consumo evolucionaron en los últimos años, con un mayor peso de rubros como servicios, transporte, comunicaciones y otros gastos del hogar, por lo que consideran conveniente una nueva actualización de la estructura de las canastas.
La UCA advirtió justamente que la baja reciente de la pobreza oficial debe leerse con cuidado, porque la medición por ingresos puede sobrerrepresentar el alivio social cuando se combina una canasta desactualizada con cambios en la estructura de precios y una mejor captación de ingresos por parte de la EPH.
En otras palabras, puede haber una mejora real respecto de los peores momentos, pero también puede haber una medición que no capture del todo el deterioro cotidiano de la capacidad de consumo.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) desarrolla distintos estudios sobre pobreza y condiciones de vida. Para estimar la pobreza por ingresos suele utilizar la metodología oficial del INDEC como referencia, aunque también elabora investigaciones específicas sobre privaciones sociales, condiciones habitacionales, empleo, educación y otras dimensiones del bienestar. En ese sentido, sus informes complementan la medición monetaria con otros indicadores sociales, sin que ello implique que la estimación habitual de pobreza por ingresos sea necesariamente una medición multidimensional.
Suele incorporar un enfoque más amplio que el estrictamente monetario. Su punto de partida es que no alcanza con saber si un hogar supera una línea de ingresos: también importa si accede a salud, empleo, vivienda digna, servicios básicos, alimentación y seguridad social.
Es decir, en paralelo a sus estimaciones de pobreza por ingresos, el ODSA-UCA desarrolla investigaciones sobre distintas dimensiones de la deuda social, que dialogan con el concepto de pobreza multidimensional, utilizado por diversos organismos internacionales para analizar privaciones más allá del ingreso.
La UCA también utiliza parámetros oficiales como la CBA y la CBT para ciertas estimaciones, pero advierte que el fenómeno social no puede reducirse a cruzar o no cruzar una línea monetaria.
Ese enfoque permite observar situaciones que la medición clásica puede dejar en sombra, como hogares que superan la línea de pobreza pero viven endeudados, con empleos precarios, sin acceso adecuado a servicios o con privaciones habitacionales persistentes.
Desde ATE, la discusión se concentra en la confiabilidad y actualización de las herramientas estadísticas. El delegado Raúl Llaneza cuestionó que la actualización de las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pueda generar distorsiones si no se implementa con criterios transparentes y comparables.
El planteo apunta a un núcleo sensible: si el IPC se usa para actualizar canastas, salarios, alquileres y distintos indicadores sociales, cualquier cambio en sus ponderaciones modifica indirectamente la lectura sobre pobreza e inflación.
Llaneza sostuvo que la inflación se sigue midiendo con una estructura de consumo antigua y reclamó avanzar hacia canastas más ajustadas a la realidad actual y regional. Desde esa perspectiva, no sería lo mismo medir pobreza en CABA, en el AMBA, en una provincia del norte o en una región donde el transporte, los alimentos y los servicios tienen pesos distintos.
El reclamo de ATE no desconoce el rol técnico del instituto. Por el contrario, subraya que sus trabajadores son “los garantes de que se cumpla con las metodologías” y plantea la necesidad de fortalecer la independencia del organismo para recuperar confianza pública en los datos.
Los enfoques asociados a la ONU, el PNUD y estudios parten de una premisa distinta en la que la pobreza no es solo insuficiencia de ingresos, sino una restricción efectiva para ejercer derechos.
Desde esa mirada, se consideran dimensiones como educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación y cohesión social. La pregunta ya no es únicamente cuánto dinero entra al hogar, sino qué posibilidades reales tiene esa familia de vivir con dignidad.
Esta perspectiva permite medir privaciones estructurales que pueden sostenerse incluso cuando mejora el ingreso monetario. Un hogar puede dejar de ser pobre según la línea oficial, pero seguir afectado por hacinamiento, empleo informal, falta de cobertura médica o endeudamiento para cubrir consumos básicos.
Por eso, los organismos internacionales suelen insistir en que la medición monetaria es necesaria, pero insuficiente. Uno de los debates más recientes gira alrededor de cómo llegan los hogares a superar la línea de pobreza. La medición tradicional registra ingresos, pero no siempre muestra si ese consumo se sostiene con deuda, changas, pluriempleo o ayuda familiar.
En los últimos años, distintos análisis señalaron que muchas familias cubren gastos corrientes con crédito, billeteras virtuales, préstamos personales o financiamiento informal. Esa dinámica puede evitar una caída estadística bajo la línea de pobreza, pero al mismo tiempo deteriora la vida cotidiana y compromete ingresos futuros.
Ahí aparece una zona gris donde hay hogares que no figuran como pobres, pero viven en situación de vulnerabilidad permanente aunque las estadísticas oficiales no lo indiquen.
La pobreza, entonces, no solo depende del ingreso mensual, sino también de la estabilidad laboral, la capacidad de ahorro, el costo de los servicios, la deuda acumulada y las redes de contención disponibles. Todos estos datos son extraídos por al ONU de las informaciones oficiales de cada país para medir los niveles de pobreza de cada uno.
El INDEC ofrece el dato oficial, comparable en el corto plazo y basado en ingresos. Su fortaleza es la regularidad, la cobertura urbana y la posibilidad de seguir la evolución semestral.
La UCA aporta una lectura más amplia del deterioro social, con foco en privaciones estructurales y condiciones de vida. Su fortaleza es mostrar dimensiones que la línea monetaria por sí sola no alcanza a explicar.
ATE pone el énfasis en la calidad institucional de la estadística pública, la actualización de canastas y la transparencia metodológica. Su advertencia central es que un dato sin confianza pierde capacidad para ordenar el debate social.
La ONU y los enfoques multidimensionales, por su parte, permiten pensar la pobreza como falta de derechos efectivos, no solo como falta de ingresos.
La comparación entre metodologías muestra que no existe una única forma de medir la pobreza. Cada indicador responde a una pregunta distinta. Incluso cuando distintos organismos utilizan la misma línea de pobreza por ingresos, pueden diferir en la interpretación de los resultados o complementarla con indicadores adicionales sobre condiciones de vida y vulnerabilidad social.
El método monetario pregunta si los ingresos alcanzan. El enfoque multidimensional pregunta qué derechos están vulnerados. La crítica sindical pregunta si las herramientas de medición reflejan consumos reales. Y los organismos internacionales preguntan qué capacidades concretas tiene una persona para desarrollarse.
Por eso, discutir la pobreza en Argentina exige mirar más allá del porcentaje final. Un número puede marcar una tendencia, pero no siempre alcanza para describir la experiencia cotidiana de quienes viven entre ingresos insuficientes, servicios caros, empleo precario y endeudamiento.
El desafío no es reemplazar una medición por otra, sino construir una lectura integrada. Sin una canasta actualizada, sin datos confiables, sin enfoque territorial y sin una mirada sobre derechos, la pobreza corre el riesgo de quedar reducida a una línea estadística que muchas veces no alcanza para explicar la vida real.