La Cámara de Diputados postergó por una semana, hasta el próximo miércoles, la votación del proyecto que modifica la dirección de la Unidad de Información Financiera -organismo encargado de investigar denuncias por supuestas operaciones de lavado de dinero en el país- que pasará ahora a estar en manos de un presidente, propuesto por el gobierno. La demora se debió sólo a una cuestión de reglamento: el dictamen había sido firmado un día antes y el kirchnerismo hubiera necesitado los dos tercios para sancionarlo ayer.
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Ese funcionario, en lugar de los cinco miembros actuales nombrados por concurso, será el único que tendrá la potestad de levantar el secreto bancario y bursátil sin autorización judicial, como se estableció en la última reforma a la legislación sobre lavado de dinero.
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