El gobierno decidió ayer suspender por 30 días, mediante un decreto de necesidad y urgencia, que sería firmado hoy, las ejecuciones judiciales y enviar la semana próxima al Congreso dos proyectos. Uno, para modificar la Ley de Quiebras y Concursos para proteger a las pequeñas empresas y deudores comerciales por montos menores; y otro, que establece un sistema de mediación compulsiva entre acreedores y deudores para el caso de deudas tomadas por particulares. De esta manera, el gobierno se anticipa al conflicto que se presentará la semana próxima, cuando vence el plazo de suspensión de remates. Así, Eduardo Duhalde frenó un proyecto que suspendía las ejecuciones por otros 180 días y que amenazaba complicar la negociación con el FMI.
El acuerdo con el Ejecutivo para aceptar un plazo de espera de 30 días,
• Uno modifica la Ley de Quiebras para establecer «el concurso para aquellos deudores que tengan una deuda inferior a los 15 mil pesos oro -que equivale a multiplicar cada unidad por $ 280- y con menos de 20 empleados», según explicó Alfredo Atanasof, flexibilizando las condiciones para que los deudores comerciales PyME o de montos pequeños puedan solicitar su concurso preventivo e incluso llegar con más facilidad a acuerdos extrajudiciales. Quienes estén por encima de esos parámetros seguirán rigiéndose por el régimen general de concursos y quiebras. Es decir, no habrá protección para las grandes empresas.
• El segundo proyecto establece un sistema de mediación judicial obligatoria para las deudas que no son comerciales, es decir, tomadas por particulares.
Así Diputados finalmente no sesionó ayer para tratar la prórroga de suspensión de ejecuciones ni ningún otro tema, lo que ya está despertando la protesta de otros bloques. Primero, el radicalismo denunció oficialmente una parálisis legislativa: «La Cámara de Diputados continúa paralizada por las disputas internas del Partido Justicialista. El PJ traslada su crisis a todos los ámbitos de las instituciones del país». Y ayer lo hizo Acción por la República.
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